Uno de los detenidos fue identificado como Fernando Teodoro Aguilar Baquiax, de 18 años, y dos son adolescentes de 17, quienes fueron detenidos en Xatinap Primero, Santa Cruz del Quiché. Los vecinos informaron que los sujetos se encontraban en una venta de licor en donde supuestamente robaron el celular y se dieron a la fuga.

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Cada papá azotó nueve veces a su hijo menor, mientras el mayor recibió 13 golpes de las autoridades indígenas. El castigo para los mayores es más severo porque inducen a los adolescentes en acciones que no son acordes a la comunidad, informó Zapeta.

Los padres comentaron que fueron ellos quienes pidieron azotar a sus hijos públicamente porque ya no les hacen caso. Se pudo observar que después de recibir los azotes los menores lo tomaron con sonrisas.

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“Ellos están por cumplir 18 y después de esa edad los padres no podemos interferir en estas situaciones, será la alcaldía indígena la que decida qué castigo les pone si vuelven a reincidir”, dijo uno de los papás no quiso dar su nombre.

Zapeta comentó que es un mansaje para los delincuentes que entienda que en Santa Cruz del Quiché no se tolera la delincuencia.

“Si permitimos que los mareros y delincuentes lleguen a esta población tendremos que vivir con miedo como lo hacen en Guatemala, Chimaltenango y otros municipios donde la delincuencia está fuera de control”, comentó.

Divide opiniones

Recientemente la Procuraduría de los Derechos Humanos de Quiché interpuso una denuncia por azotar a menores de edad en el departamento lo que motivo a efectuarse manifestaciones en apoyo a la alcaldía indígena.

Flavio Ruíz, auxiliar de la PDH, dijo que no compartía esta manera de aplicar castigos y que recomendó a los vecinos de seguir los procedimientos que establece la Ley al momento de detener a un presunto delincuente.

Solo este año suman seis personas azotadas en la cabecera de Quiché, todos han sido reconocidos por los vecinos que se dedican a actos delictivos.

El castigo que se efectuó este domingo es la primera vez que lo hacen en el parque La Unión, y fue el lugar elegido después de la denuncia que hizo la PDH en contra de las autoridades indígenas. Anteriormente las personas son azotadas en sus comunidades.

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