Los afectados solicitaron la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), ya que consideran que están desprotegidos y que únicamente cuentan con el apoyo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).

Esta agrupación y otras cuatro de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango se reunieron ayer en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo con la procuradora adjunta de los Derechos Humanos, Hilda Morales Trujillo, y la secretaria de Conamigua, Alejandra Gordillo, a quienes expusieron, además, otros problemas.

Josefina Coyote Guitzol, representante de la asociación de Patzún, explicó que el prestamista y su abogado, cuyos nombres se reservaron y que ya son del conocimiento de las autoridades, han despojado de casas y terrenos a migrantes deportados, a quienes se les dio dinero prestado para viajar a EE. UU.

Agregó que muchos de los migrantes ya no pudieron pagar el préstamo y por eso les quitaron sus bienes, otros cancelaron una parte o estaban al día con su pago, pero el prestamista y su abogado les quitaron las propiedades con el argumento de que los migrantes no tendrían dinero para pagar la deuda.

Otros afectados no cancelaron la deuda al ver que aun haciéndolo, los despojaban de casas y terrenos, por lo que esperan que los procesos judiciales determinen el camino a seguir.

Los amenazan

Los afectados informaron que el prestamista, originario de Quetzaltenango, y su abogado, llegan a las viviendas de los migrantes a presionar a las familias y las obligan a firmar una hoja en blanco para luego despojarlos de sus propiedades.

María del Rosario Ajsac, una de las afectadas, indicó que el señalado ha llegado a amedrentar a su hija, y que recientemente llegó con auxilio de la Policía Nacional Civil para presionar a que desalojen la casa donde residen en Patzún.

Los afectados añadieron que ahora la modalidad del prestamista ha cambiado, pues hace firmar a los familiares un contrato de arrendamiento, con lo cual ellos pasan a pagar un alquiler para vivir en su casa, mientras se cancela toda la deuda.

“Ha cambiado la estrategia para evitarse problemas, entonces cuando alguien se atrasa con un pago, el arrendatario y abogado promueven un juicio sumario de desocupación por cuentas atrasadas para quedarse con las casas”, dijo Coyote.

Agregó que la mayoría de los afectados vive en el área rural de Patzún, aunque también hay casos en la cabecera municipal.

Forma de operar

Los migrantes afectados y sus familias aseguran que el prestamista envía a personas a las comunidades para convencer a los pobladores de que viajen en forma ilegal a EE. UU.

Además refieren a los interesados en viajar con el prestamista, quien les otorga créditos de entre Q30 mil y Q40 mil por persona a una tasa de interés elevada y exige como garantía escrituras de inmuebles.

Cuando alguien se atrasa con alguna de las cuotas o ellos consideran que las personas no podrán hacer el pago, empiezan con los mecanismos de expropiación.

Según el grupo de migrantes de Patzún, múltiples denuncias han sido trasladadas a la Fiscalía Distrital del MP en Quetzaltenango, ya que el prestamista es de ese departamento, pero ven poco avance en la investigación y por ello piden el apoyo de la PDH.