Los jefes ediles increparon al gobernador, Adelso Salazar, sobre el clientelismo político que practica el Gobierno, pues la ayuda social es entregada, con excepción en los municipios donde el alcalde es del partido oficial, a los candidatos del Partido Patriota (PP) para que los entreguen a la población que ellos quieran.

También señalaron que el gobernador mantiene suspendido los pagos para ejecutar obras o completarlas, pese a haber sido autorizadas por el Codede, y que les piden comisiones ilícitas.

Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa, señaló que la ayuda social —fertilizante y otros— debe ser canalizada por las comunas, pues estas conocen a la población que la necesita, mientras que los candidatos la reparten entre sus seguidores.

Problema viejo

“No solo durante el actual Gobierno se ha llevado a cabo esta práctica, pero es momento de detenerla” dijo Arredondo.

Refirió que hasta la diputada Aracely de Recinos participa en las entregas del Ejecutivo.

Eduardo Lima, alcalde de Cuilapa, dijo que él era del Partido Patriota, y durante la campaña los dirigentes de esta organización le prometieron construir un edificio municipal, pero las oficinas municipales todavía se hallan en el mercado del lugar.

Abel Sandoval, alcalde de Oratorio, recordó que les recortaron el presupuesto y que los han condicionado a reconstruir escuelas y contratar maestros, cuando eso es obligación del Ministerio de Educación.

Señaló que tienen que proporcionarle dinero a la Policía Nacional Civil para combustible y reparación de autopatrullas.

Sandoval acusó al Gobernador de retrasar los pagos de las obras, y de seguir los lineamientos que le pone el alcalde de Barberena, Rubelio Recinos, secretario departamental del PP, y de su esposa, la diputada Aracely de Recinos.

José Crispín, alcalde de Chiquimulilla, señaló que los programas sociales no benefician a los más desposeídos, y eso es una clara violación de los Derechos Humanos.

En tanto, Salazar acusó a los alcaldes de corrupción y falta de transparencia.