En el puesto de registro participan más de 10 soldados y un agente de la PNC, en busca de armas de fuego y explosivos, los cuales supuestamente fueron extraídos el 19 de noviembre último, cuando una turba quemo cinco vehículos y un camión que transportaba cajas con material explosivo.

Juan Manuel Arija, sacerdote y miembro del Consejo Diocesano de Defensa de la Naturaleza (Codidena), dijo: “Vemos con tristeza la presencia de miembros del Ejército en las carreteras con motivo de los conflictos mineros en la zona”.

Agregó: “Si las empresas mineras escucharan con atención lo que el pueblo piensa, todo esto no sucedería aquí ni en San Rafael ni en La Puya, San José del Golfo; ni en Mataquescuintla”.

“Esto es producto de no respetar y no escuchar la voz de los pueblos que se ven involucrados, y que deciden con más del 98 por ciento en elecciones populares legales que no quieren la presencia minera en su territorio”, expresó el religioso.

Adelso Salazar, gobernador departamental, indicó que realmente no sabía de algún puesto de registro militar, y cuando lo vio se sorprendió porque son los soldados quienes hacen el alto a los vehículos para registrarlos.

El subteniente Selvin López, encargado del campamento , dijo: “Es un puesto de registro militar y no estoy autorizado para dar información de lo que se busca, y desconozco hasta cuándo estaremos aquí”.

Intimidación

Un líder comunitario refirió que la implementación de campamentos permanentes del Ejército y con un solo miembro de la PNC es una clara intimidación a la población.