SOLOLÁ– Aldana explicó que dicha política consiste en la actitud que el Estado asumirá ante el fenómeno del crimen, la cual tiene como base el fortalecimiento de la convivencia social, en armonía y fomentando la cultura de paz.

Durante la reunión, la funcionaria reconoció el derecho consuetudinario y las autoridades ancestrales. Agregó que es necesario que se garanticen los derechos humanos y que se fomente la prevención del delito.

Añadió que se requiere de un esfuerzo articulado del Estado, empresarios, académicos, sociedad civil y organismos internacionales para que contribuyan en los esfuerzos y así reducir las conductas delictivas.

Señaló que también es necesario tomar en cuenta a líderes comunitarios, que son una parte fundamental para la erradicación de los problemas sociales.

La fiscal general calificó de valioso el aporte de las autoridades indígenas y aseguró que espera que las solicitudes planteadas sean incluidas en la práctica.

Alberto Chumil Julajuj, alcalde indígena de Sololá, manifestó que es necesario mantener la gobernabilidad, seguridad y la paz en ese departamento, para lo cual hay que tomar en cuenta las solicitudes de los representantes comunitarios, quienes deberán involucrarse en la prevención de conflictos.

En su visita, Aldana también se reunió con el personal de la fiscalía distrital, donde se comprometió a dar seguimiento a una serie de debilidades que se registran en esa dependencia, como la falta de vehículos, personal especializado, entre otros.