La demanda se debe a que el día de la manifestación los líderes comunitarios, junto a miles de pobladores, exigían la renuncia de Pelicó, porque según ellos éste solicitó el cobro del Impuesto Único sobre el Inmuebles (IUSI).

Elmer Martínez, fiscal distrital del MP, dijo que la denuncia en contra de los alcaldes comunales es por la obstaculización del trabajo en la comuna momosteca. “Está en trámite una junta de conciliación para que esto no llegue a más”, refirió Martínez.

Karin Linares, delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), manifestó que se está realizado el acompañamiento a las autoridades comunitarias en relación a dicha denuncia, donde los líderes son acusados del cierre de la comuna.

Agregó que ese extremo ya fue verificado por el personal de la PDH y se constató que no es cierto, por lo que se espera el informe del MP.

Abraham García, presidente de las autoridades ancestrales, manifestó: “Es lamentable que ya se esté judicializando a las autoridades comunales, esto luego de haber realizado una manifestación pacífica exigiendo los derechos de la población”.

“Sin embargo, al interponer una denuncia en contra se hace ver la discriminación que se tiene. Exigimos a las autoridades que se haga la verdadera justicia y se respete la autoridad de los pueblos indígenas”, dijo.