La condenada firmó un convenio de pago con el IGSS, en el que se comprometió a reintegrar el dinero sustraído, y también deberá hacer efectiva una multa de Q500, según se dictaminó en el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos contra el Ambiente de Totonicapán. 

Según la investigación del Ministerio Público (MP), Antón Rodríguez alteraba información en expedientes, con el objetivo de cobrar cheques a nombre de mujeres afiliadas que estaban suspendidas por periodos pre y posparto.

Antón cobraba los documentos por cantidades mayores a las que les correspondían a las beneficiarias, a quienes hacía los pagos en efectivo y se quedaba con lo restante, detalla la investigación de fiscales del MP.

La actividad ilícita se registró entre el 2008 y 2009, por lo que, cuando personal del departamento de Auditoría Interna del IGSS se percataron del dinero faltante, interpusieron una denuncia ante el MP y luego intervino la Contraloría General de Cuentas.