Expertos, diputados y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) indican que esta modalidad ha sido desvirtuada porque se presta a cometer irregularidades y la Contraloría General de Cuentas (CGC) no asume el rol de fiscalización que le corresponde.

Contratos

El reporte obtenido de Guatecompras.gt precisa que las últimas dos renovaciones de esta clase de contratos ocurrieron en octubre último, uno por Q110.4 millones y otro por Q2.9 millones.

Ambos eventos suman un monto superior a los Q113.4 millones y ambos representan la adjudicación más alta que ha hecho la administración del presidente Alejandro Maldonado Aguirre.

Resalta también que los tres contratos más grandes fueron firmados en el 2009, durante el gobierno de Álvaro Colom, tienen ya seis años de vigencia y sus montos son de Q316.8 millones, Q228.9 millones y Q147 millones. Los tres han servido para adquirir insumos hospitalarios y medicinas.

Según la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento vigente, el contrato abierto es una modalidad de compra y contratación solicitada por dos o más instituciones públicas.

Un inciso en Guatecompras.gt precisa que las instituciones deben seleccionar a los proveedores por medio de un concurso público para la calificación y adjudicación de productos.

El objetivo de esa medida sería encontrar mejores precios y la estandarización de los productos que hacen más económica y práctica la adquisición. También garantizaría que las compras se hicieran con eficiencia, efectividad y calidad para beneficio de los intereses del Estado.

La entidad responsable de coordinarlos es el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Sin embargo, todo ha quedado en letra muerta.

Poca vigilancia

Un análisis sobre la fiscalización de los contratos abiertos elaborado por la bancada legislativa de Encuentro por Guatemala (EG) indica que hay varias deficiencias que no garantizan la calidad, particularmente de las medicinas e insumos hospitalarios.

En principio, señala que al momento de la renovación de los contratos, la CGC debería verificar el proceso administrativo, pero no revisa la calidad de los productos o si hay otros aspectos que puedan afectar a los pacientes o instituciones.

El grupo parlamentario indica que hay una Comisión de Vigilancia, Seguimiento y Monitoreo, pero que esta no tiene injerencia para el proceso de creación ni de renovación, solamente cuando hay alguna denuncia.

Por último, afirma que nadie que sea ajeno al proceso puede presentar una inconformidad. Es decir, si un civil, organización o incluso diputado cree que hay una irregularidad no puede denunciarlo a las entidades involucradas, sino que deberá recurrir al Ministerio Público (MP).

Nineth Montenegro, congresista de EG, afirmó: “El contrato abierto se pensó como una figura bondadosa, pero degeneró hasta caer en un grupo élite de privilegiados”.

“Si se revisa, hay muchos contratos que han prorrogado por 10 años e incluso algunos hasta ilegalmente, una cuestión que debería haber demandado ya la CGC”, agregó.

Figura desvirtuada

Claudia López, procurado adjunta 1 de la PDH, aseveró: “El gran problema de este tipo de contratos es la prórroga que se ha dado a lo largo del tiempo”.

“Al realizar esas prórrogas no se da la oportunidad para que otros puedan participar dentro del evento y se da el gravísimo inconveniente de que muchos incumplen y no hay manera de hacerlos cumplir”, señaló.

López consideró que los contratos abiertos se han desvirtuado y se pueden prestar a irregularidades.

Édgar Balsells, representante de la Universidad de San Carlos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, dijo: “Se debería eliminar esa figura y usarse un procedimiento de subasta inversa”.

“Hay que transparentar todo. El problema con el contrato abierto es que se sientan varios en un ministerio y lo hacen todo” con poca transparencia.

Prensa Libre intentó obtener la versión del contralor general, Carlos Mencos, pero no respondió a través de su vocera.