La mayoría de las municipalidades tiene rellenos sanitarios y vertederos, pero ninguna cuenta con planta de tratamiento de residuos efectiva e integral, que disponga de los desechos de manera favorable al ambiente y la salud y que no afecte el ornato.

La planta de tratamiento que mejor funciona en todo el territorio nacional es la que maneja la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenta y del Lago de Amatitlán (Amsa), en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, subsidiada por el Gobierno.

Según el informe Perfil Ambiental de Guatemala 2008-2009, publicado por el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (Iarna), de la Universidad Rafael Landívar, el departamento de Guatemala es el que, en el 2006, produjo el 30 por ciento de las 13 millones 834 mil 210 toneladas de basura que se generaron ese año en el país.

Otros departamentos con acumulación son Sacatepéquez, con el 56.02 por ciento de los desechos; Escuintla, el 28.59 por ciento; Quetzaltenango, el 28.04 por ciento; y Sololá, con el 25.08 por ciento.

Sin embargo, no toda la basura llega a los vertederos. Según el Iarna, solo el 35 por ciento de los desechos es recolectado por trenes de aseo, los vecinos queman el 34.81 por ciento, y el 16.48 por ciento se tira en predios o ríos.

Problema estructural

Rokael Cardona, de la organización Poder para Todos, expuso que la basura es un problema estructural, ya que se inicia en los hogares, en la manera en que se desechan los desperdicios. También involucra a las industrias y comercios que elaboran mercaderías y servicios, y a las autoridades —municipalidades y Gobierno—, que deben velar por la salud de la población.

“La gente tira la basura en predios y ríos para no pagar el tren de aseo, y si lo usan, no clasifican los desechos”, indicó.

Cardona dijo que las municipalidades se niegan a priorizar la situación de la basura, por desconocimiento, negligencia o falta de presupuesto. Recordó el caso de Almolonga, Quetzaltenango, donde en el 2003 la corporación construyó una planta de tratamiento, pero las siguientes administraciones no invirtieron en su funcionamiento.

Según Cardona, la deficiencia estructural llega al Estado, debido a que el Gobierno, a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), no implementa una política nacional, pese a que sabe que las comunas no tienen recursos.

Añadió que un problema municipal es que a los vecinos no se les cobra ese servicio, o solo se hace de manera parcial. “El que ensucia, debe pagar”, afirmó.

Édgar Zamora, exdirector de Amsa, está de acuerdo con que el que genera basura debe pagar por su disposición y que se necesita una política estatal.

Señaló que si las municipalidades cobraran Q35 mensuales por vivienda, podrían gestionar integralmente el manejo de los desechos. “Los alcaldes tienen miedo de que la población les retire el apoyo si implementan una tarifa justa, pero la gente no se quejaría si el servicio que se les prestara es bueno”, aseguró.

Zamora agregó que el cobro puede incluirse en el Impuesto Único sobre Inmuebles. Y las multas que el MARN imponga a las comunas que no cumplan se podrían descontar del aporte constitucional.

Política nacional

Rodolfo Véliz, del Iarna, dijo que se necesita una política nacional, pero que se deben aplicar programas integrales de gestión, que se inician en el ámbito local, al hacer inventarios de los tipos de desechos que se producen.

Elisa Urquizú, de la Comisión Nacional de Desechos Sólidos, afirmó que manejan políticas contra la basura, pero no cuentan con una ley para aplicarlas. En la actualidad hay un proyecto que ya fue aprobado en segunda lectura en el Congreso, el cual ayudaría a contrarrestar el problema de la basura. Sin embargo, dijo que se ignoran las alteraciones que la normativa pueda tener, puesto que los grupos que se sienten afectados podrían manipular a los legisladores.