En esos 12 meses a los trabajadores de “servicios profesionales”, que no son los únicos contratados, se les pagó Q5 millones 410 mil 500. Mientras que en los  21 atletas olímpicos que participaron en los Juegos de Río 2016, becados por el COG, se invirtió  Q252 mil 700 mensuales, esto sin tomar en cuenta a Édgar Pineda, quien antes de participar en las justas no contaba con apoyo económico.

Mientras, las becas de los otros deportistas, muchos principiantes, en algunos casos son apenas de Q300 y no cuentan con seguro médico ni implementos deportivos.

“Es un insulto”

La situación provocó que el diputado  Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, presentara ayer una  denuncia al  subcontralor de Gasto Público, César Elías.

El legislador indicó que la denuncia será trasladada e  investigada por la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC), ente que, de encontrar anomalías, deberá trasladar  la misma al Ministerio Público (MP).

Lira explicó que la contratación de los  asesores en las dos entidades  presentan muchas similitudes, lo que genera sospechas de corrupción; sin embargo,  que es algo que está permitido por las leyes guatemaltecas.

“Habría que ver si también están contratadas en alguna otra dependencia del Estado”, refirió Lira, quien además subrayó que esta práctica es inmoral.

El diputado agregó  que  las 12  personas obtienen  salarios que están fuera de la realidad del país —Q2 mil 893.21, salario mínimo—.

“Tienen contratos duplicados y no entiendo por qué son las mismas personas para desempeñar casi iguales actividades. Además, se les paga cantidades absurdas. Q5.4 millones, eso para mí es un insulto”, expresó el diputado.

Agregó que  también se busca comprobar  si  los asesores han realizado las tareas para las que fueron contratados.

“Para mí que alguien gane más de Q588 mil al año y se gaste en 12 asesores más de Q5 millones, es demasiado. Llora sangre. Esto no es legítimo ni moral”, expresó Lira.
Recientemente,  el Procurador de Derechos Humanos, Jorge de León, presentó un informe en el que demostró que varias Federaciones Nacionales no cumplen con la Ley de Acceso a la Información Pública.

Abogan por la transparencia

El subcontralor  Elías, indicó que la CGC efectúa como cada año,  auditorías para verificar la ejecución presupuestaria.

“Necesitamos corroborar que todo se haga de acuerdo a la Ley. El deporte recibe cada año una cantidad importante de recursos y por eso debemos analizar los movimientos”, refirió Elías.

Edie Cux, de Acción Ciudadana se pronunció sobre que hay opacidad en el manejo de los fondos públicos por parte de los dirigentes deportivos.

• Diferentes entidades del Estado se aprovechan de lo que establece el renglón 029 para contratar personal.
• “En este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignados a una Unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades en periodos que no excedan un ejercicio fiscal”, es lo que establece dicha normativa.
• La Ley permite que personas pueden ser contratadas por diferentes entidades a la vez.
• En el caso de los 12 asesores   tiene contratos similares tanto para la CDAG como en el COG.

“Es conocido que la gestión del deporte es señalada por la opacidad”, refirió Cux.

El analista añadió que los recursos al ser aprovechados en su mayoría  por la alta jerarquía, dañan el desarrollo de los atletas.

“La gestión de fondos públicos no va para los deportistas, sino es para beneficio de personas que realizan otras funciones. Con esto lo único que se logra es el detrimento de los atletas, que siempre son los más perjudicados”, enfatizó Cux.

La contratación es legal

El presidente del Comité Ejecutivo de la CDAG, Dennis Alonzo, expresó que las 12 personas señaladas por el diputado Leonel Lira de ganar cantidades abismales y de tener contratos duplicados están legales.

“Estamos completamente seguros que la contratación que hacemos es totalmente legal. Desde mi punto de vista los servicios que nosotros contratamos como CDAG, están enmarcados en lo que establece la ley ”, aseguró Alonzo.

El dirigente aclaró que ninguno está contratado como asesor, sino que cada persona tiene su propia función.

“Nadie está como asesor. Sus servicios no son de asesores. El tema es que para el servicio profesional hay términos de referencia sobre qué debe hacer. En cambio la asesoría es menos concreta. Entonces los contratos que nosotros celebramos en el 029 tienen términos de referencia”, explicó el dirigente.

Aseguró que todas las personas que prestan sus servicios en la CDAG justifican lo que ganan.

“Cada uno rinde un informe mensual que deben presentar ante su unidad o jefe, quien debe ponerle el visto bueno. Están contratados para prestar servicios”, recalcó.

Alonzo indicó que exactamente no sabe qué hace cada una de las personas mencionadas.
“Pues más o menos sé qué hacen en términos generales. Pero tendría que ver los contratos. En este momentos no sabría decir, porque específicamente no es solo una actividad la que están obligados a cumplir”, refirió Alonzo.

Dijo estar satisfecho por la labor que lleva a cabo la Contraloría de fiscalizar los gastos de las diferentes entidades.