La semana pasada trascendió que al menos 28 funcionarios judiciales, entre ellos 24 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y 4 fiscales, habían revisado sin justificación alguna el expediente del futbolista y los de dos de sus hermanas con fines aún no esclarecidos.

La información provocó la reprobación de las máximas autoridades judiciales, medios de comunicación y del propio Navas quien, desde España, calificó el hecho como “un abuso” y anunció que accionaría judicialmente contra los involucrados en el espionaje, por medio de su abogado.

El viernes, Segura admitió a un telenoticiario que había autorizado a dos oficiales a revisar el expediente de Navas, según dijo porque se estaba tratando de prevenir a la familia sobre los riesgos de un secuestro extorsivo, dado el significativo aumento en los ingresos del jugador con su pase al Real Madrid.

La investigación de la Fiscalía busca determinar si quienes ingresaron al expediente de Navas y sus parientes incurrieron en el delito de abuso de autoridad, que es sancionado con una pena de prisión de tres meses a dos años.

Además, “no se descarta que en el transcurso de este proceso penal se establezca la responsabilidad de los funcionarios en otros delitos contra los deberes de la función pública”, señaló la Fiscalía.