El tribunal estimó en su decisión que la huelga, convocada por las asociación de futbolistas en protesta por la aprobación gubernamental de un nuevo sistema de reparto de derechos televisivos, impediría concluir el campeonato de Liga en las fechas indicadas, lo que provocará un grave desorden organizativo.

“Este desorden es muy difícil de resolver por los compromisos internacionales de España y de los propios clubes, así como por las propias fechas de vacaciones de los futbolistas”, añadió.

Se trata de una decisión cautelar ya que el tribunal no se pronunciará sobre el fondo de la cuestión hasta junio, precisó el tribunal en su auto hecho público este jueves.

Aun así, la sentencia adelanta un juicio provisional favorable a declarar la ilegalidad de la huelga ya que su finalidad podría ser modificar el convenio laboral vigente de los futbolistas, lo que la ley española no permite.

El sindicato de futbolistas AFE había anunciado la semana anterior una huelga indefinida desde este sábado que la Liga de futbol profesional (LFP), que controla los clubes de primera y segunda división, recurrió ante la justicia considerando ilegal la protesta.

De haberse celebrado la huelga, no habrían podido jugarse las dos últimas jornadas de Liga, cuando todavía debe decidirse el título, que el Barcelona tiene al alcance de la mano, y las plazas de descenso a segunda división.

También corría peligro la final de la Copa del Rey entre el club catalán y el Athletic de Bilbao del próximo 30 de mayo. La LFP había cifrado en 50 millones las pérdidas por cada jornada de huelga.

En el origen del conflicto figura la nueva venta centralizada de los derechos de televisión y su reparto, frente al modelo actual en el que cada club negociaba por separado con los operadores, lo que favorecía a los grandes como Barcelona o Real Madrid.

El reparto de estos ingresos no ha gustado a todos y así, la Federación de Futbol (RFEF) decretó un paro del fútbol a partir del 16 de mayo, mientras que, al día siguiente, la AFE la seguía y anunciaba una huelga, ambos pidiendo un cambios en el decreto.