La Audiencia admitió así los recursos de la fiscalía y de la empresa brasileña DIS, antigua poseedora de parte de los derechos del jugador, contra la decisión del juez José de la Mata, decretando “la continuación de las actuaciones”, según un auto judicial hecho público este viernes.

De la Mata había archivado el caso por supuestos delitos de “corrupción entre particulares y estafa”  contra Neymar, su padre, el expresidente del Barcelona Sandro Rosell y el Santos, club de origen del jugador, al considerar que “las conductas analizadas no pueden ser perseguidas penalmente”.

Sin embargo, los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimaron este viernes que “hay indicios suficientes”  para seguir adelante con la investigación.

El caso tuvo su origen en una denuncia del fondo de inversiones DIS, propietario del 40% de los derechos del jugador en el momento del traspaso de Neymar al Barcelona.

En un primer momento, el Barcelona cifró oficialmente el traspaso de Neymar en 57,1 millones de euros (40 millones para la familia de Neymar y 17,1 para el Santos brasileño), pero la justicia española calcula que fue de al menos 83,3 millones de euros.

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— MARCA (@marca) September 23, 2016

DIS, que percibió 6,8 millones de euros de los 17,1 ingresados al Santos, se creía doblemente perjudicada.

Primero, por dos acuerdos en 2011 entre Neymar y el Barsa por 40 millones de euros para asegurarse el fichaje del jugador cuando finalizara contrato con el Santos, que según DIS impidió a otros clubes pujar por el delantero, vulnerando el libre mercado y pudiendo constituir un “delito de corrupción entre particulares”.

Por otro lado, consideró que algunos contratos anexos sirvieron para ocultar el monto real pagado al Santos y, por lo tanto, la parte que le correspondía, lo que supondría un delito de “estafa por simulación contractual”.

“A través de este contrato, puede desprenderse, sin dificultad, de una parte el desconocimiento de los derechos a favor de DIS, y de otra, la vinculación de este pacto al fichaje del jugador”, afirma el auto, recordando que ese partido aún no se ha celebrado.

El auto también recuerda otro contrato en el que el Barcelona “asume la cantidad de 7,9 millones de euros por un derecho de preferencia sobre tres jugadores del Santos”, que tampoco se ha llevado a cabo.

La decisión de la Audiencia Nacional podría suponer el paso previo al procesamiento del jugador y su padre por este caso.