Lilesa es de Oromia, el hogar de más de 35 millones de personas de esa etnia en Etiopía.

Luego repitió el gesto de protesta en una conferencia de prensa, diciendo que su vida estaría en peligro en caso de regresar a su país.

Grupos de derechos humanos afirman que las fuerzas de seguridad etíopes han matado a cientos de personas en las últimas semanas como parte de la represión a las protestas contra el gobierno.

Al explicar sus acciones, Lilesa dijo: “El gobierno de Etiopía están matando a la gente de Oromo y tomando sus tierras y recursos, por eso los Oromo protestan y yo apoyo la protesta como Oromo”.

“El gobierno etíope está matando a mi gente, así que respaldo todas las protestas en cualquier lugar ya que Oromo es mi tribu. Mis familiares están en la cárcel y si hablan de derechos democráticos los matan. Levanté las manos para apoyar la protesta Oromo”, agregó.

El corredor de maratón dijo que podría ser asesinado si volvía a Etiopía.

“Si no me matan, me van a encarcelar”, dijo. “No lo he decidido aún, pero tal vez voy a mudarme a otro país.”
Ante la pregunta de si le preocupaba ser sancionado por el Comité Olímpico Internacional (COI), dijo: “No puedo hacer nada al respecto, ese fue mi sentir, y tengo un gran problema en mi país, es muy peligroso protestar en.. mi país.”

La Regla 50 de la Carta Olímpica prohíbe manifestaciones o protestas políticas y el COI dice que están reuniendo información sobre el caso.

El dúo estadounidense de Tommie Smith y John Carlos fueron famosamente despojado de sus medallas después de que ambos hicieron el saludo del poder negro en el podio tras recibir medallas en los Juegos de 1968.

Ha habido una ola de protestas en Etiopía en los últimos meses, también por los intentos del gobierno de reasignación tierras en las regiones de Amhara y Oromo.

Los manifestantes en la región de Amhara -de la comunidad Welkait- salieron a las calles de la ciudad de Gondar en julio en protesta.

Los Oromo, que representan alrededor de un tercio de la población, se han unido a las protestas y alegan que son excluidos del proceso político del país y del desarrollo económico.

La organización Human Rights Watch dice que más de 400 personas murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Oromia, aunque el gobierno disputa esa cifra.