Los alcaldes podrían acudir a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), por atentar contra la libertad del trabajo o plantear un recurso de inconstitucionalidad al acuerdo 35-2016, ya que está mal redactado y su soporte no es válido, afirmaron.

“Con solo una firma se eliminó el esfuerzo de cuatro años, sin escucharnos y sin una propuesta clara de cómo llevarán empleos a nuestras comunidades”, expresó Julio Girón, alcalde de Estanzuela, Zacapa.

Luego de que el Ejecutivo dejara sin efecto esos salarios en Masagua, Escuintla, y Guastatoya y San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, además de Estanzuela, los alcaldes afirman que murió la esperanza de crear por lo menos 10 mil empleos.

“La CC se dio el tiempo para explicar el proceso y ahora la ministra de Trabajo dice que se carece de un estudio socioeconómico, lo que es una incongruencia, debería leer el veredicto, que la única inconstitucionalidad era el salario mínimo propuesto”, dijo Girón.

“El esfuerzo ha sido con el único objetivo de cambiar el nivel de vida de nuestros municipios”, apuntó Blanca Alfaro, alcaldesa de Masagua.

Los alcaldes fueron citados para hoy por el ministro de Economía, pero se supo que no asistirían porque ya están cansados del largo proceso.