Ante la decisión de la CSJ de suspender las licencias de El Escobal y Juan Bosco aprobadas en 2013 y 2012 respectivamente, integrantes de la junta directiva del Cacif manifestaron que la resolución emitida ayer es incongruente con lo resuelto en mayo pasado por la Corte de Constitucionalidad en casos similares.

Directivos de Cacif presentan en la CC un amparo en contra de la resolución de la CSJ que suspendió licencias a minera San Rafael pic.twitter.com/GAF0BUItzW

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) July 6, 2017

Los integrantes del Cacif consideran que es una decisión arbitraria e irresponsable de los operadores de justicia y agregaron que es urgente se resuelvan estas situaciones y el reglamento para aplicar ar consultas porque se está alejando la inversión, con un mal mensaje de suspender proyectos.

También informaron que el valor de las acciones de la empresa cayeron hasta un 30% debido a esta resolución, ya que la empresa cotiza en las bolsas de valores de Nueva York y Toronto.

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En las afueras de la CC se presentaron trabajadores de la minera y exigen que los dejen seguir trabajando.

Ministerio de Energía y Minas refiere que en el área de influencia de Minera San Rafael no se determina población indígena pic.twitter.com/vcjT6tVjLa

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) July 6, 2017

Andrés Dávila encargado de relaciones públicas de la minera San Rafael dijo que no comprenden porque la CSJ emitió esa resolución ya que solo se indica que ante las situación actual lo aconsejable es la suspensión.
         
“El país deja de recibir Q5 millones diarios en regalías, salarios, impuestos etc por un día de paralizar labores”, dijo Dávila.

Antecedentes

Calas presentó la acción de amparo en mayo pasado, alegando que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no hizo las consultas comunitarias previo a autorizar las licencias.

“El amparo es de ejecución inmediata, a partir de hoy la minera san Rafael debe suspender sus operaciones”, dijo Rafael Maldonado, director del área legal de Calas.

Según Maldonado, el MEM no realizó las consultas comunitarias porque en los lugares donde opera la minera no hay población indígena xinka, argumento que considera sin sustento.

El representante de Calas dijo que es innegable la presencia de comunidades indígenas xinkas en Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa, y que incluso algunos vecinos “tienen títulos de propiedad de las tierras comunales”.

“La minera San Rafael es una empresa que contamina el ambiente”, señaló Maldonado. Además, indicó que tanto el MEM como la empresa pueden presentar recursos a la Corte de Constitucionalidad (CC) y que será este tribunal que revoque o confirme el amparo.