La pandemia mundial del COVID-19 sigue causando fallecimientos y generando cambios significativos en las actividades diarias de la población.

Distintos gobiernos se han visto en la necesidad de articular estrategias para contener el virus y atenuar el impacto económico que generan las medidas de distanciamiento social implementadas.

Guatemala no es la excepción, desde que el presidente Alejandro Giammattei confirmara el 13 de marzo el primer caso positivo de COVID-19 en el territorio nacional se han impulsado distintas medidas para contener la propagación del virus y posteriormente se presentaron propuestas al Organismo Legislativo para atenuar el impacto sobre la economía.

Un punto de partida complejo

Antes de la llegada del COVID-19 Guatemala ya enfrentaba serios desafíos económicos tan arraigados que no iban a resolverse con la llegada de nuevas autoridades al frente de los Organismos Ejecutivo y Legislativo el 14 de febrero.

El país cerró el 2019 con una brecha de 3.2 millones plazas de empleo formal, que es atenuada por dos grandes válvulas de escape: ocupación del 70% de la población en actividades económicas informales y una alta dependencia hacia las remesas provenientes de Estados Unidos (equivalentes al 12.7% del PIB en 2019).

En materia social, los elevados niveles de pobreza extrema (23.4% de la población en 2014 vivía en pobreza extrema -ingresos diarios inferiores a Q16) y los altos índices de desnutrición crónica (en 2015 el 46.5% de los niños inferiores a 5 años presentaban esta condición), hacen a Guatemala un país altamente vulnerable ante la ocurrencia de catástrofes, por lo que existen altas probabilidades de que el COVID-19 empeore la situación anteriormente descrita.

Tener claridad de las condiciones iniciales de la población permite ser más específicos en el tipo de impacto que se espera que tengan las medidas que el sector público implemente para apoyar a las personas más afectadas.

Erradicar la pobreza y la desnutrición crónica infantil y crear condiciones para la generación de empleo formal, son resultados de una agenda de desarrollo de largo plazo, ante una emergencia como la actual, preservar el empleo formal existente e impedir que aumente la pobreza y la desnutrición serían objetivos razonables para el próximo semestre.

Una inercia de gasto público difícil de reorientar

En noviembre del año pasado la no aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2020 marcó como acción prioritaria para la nueva administración del Organismo Ejecutivo solicitar readecuaciones y ampliaciones presupuestarias para poner en marcha su plan de gobierno.

Además, ha tenido el Gobierno que cumplir con los aumentos salariales que otorgó la administración de Jimmy Morales a los trabajadores de los Ministerios de Gobernación, Educación y Salud.

La emergencia del COVID-19 impulsó al Ejecutivo a presentar una serie de propuestas de ampliación presupuestaria que le permitieran fortalecer el sistema de salud y trasladar recursos a las personas que han visto mermados sus ingresos.

Ante esta situación, la propuesta que llegó al Organismo Legislativo estuvo acompañada de otras peticiones que respondían a la necesidad de cumplir con los aumentos salariales otorgados en 2019 y la aprobación de préstamos que llevaban varios años sin discutirse dentro del Congreso.

A través de los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020 del Congreso de la República se realizó una ampliación al presupuesto de 2020 de casi Q20 mil millones, de los cuales más del 10% se destinarán para el aumento de los salarios en tres Ministerios.

A pesar del momento tan delicado que atraviesa el país y de la incierta duración e impacto del COVID-19, en lugar de reorientarse los gastos, se adquirió endeudamiento para honrar aumentos salariales otorgados en un contexto totalmente distinto al que se vive en la actualidad.

Dada la urgencia con que se necesita responder a la crisis generada por el COVID-19, implementar medidas como posponer aumentos salariales acordados en pactos colectivos, reorganizar contratos temporales de dependencias menos esenciales hacia Ministerios que requerirán más recurso humano o reorientar gastos que por las medidas de distanciamiento social no se ejecutarán hacia rubros de mayor importancia, son acciones que requerirán tiempo para negociarse, planificarse y ejecutarse. En el mediano plazo, es crucial revertir esta inercia creciente del gasto de funcionamiento para que el presupuesto responda a la realidad de país que viviremos post COVID-19.

Entregar ayuda de forma rápida y transparente

En medio de una situación tan compleja e incierta como la que atraviesa Guatemala, lo único certero es el costo que tendrá honrar el déficit adquirido por las ampliaciones presupuestarias realizadas.

Sin embargo, más costoso será que los recursos autorizados no lleguen a la población más necesitada de forma inmediata.

Dejando por un lado el tipo de medidas que el país necesitará implementar para recuperarse del impacto negativo provocado por el COVID-19, en el plazo más inmediato es crucial que el recurso humano y físico del sector público se organice de la forma más conveniente para ejecutar de forma rápida y transparente los programas que se han creado.

Algo que en tiempos normales ha sido uno de los mayores desafíos de la administración pública. Desde 2012 Guatemala inició un cambio en la forma de planificar y gestionar los recursos dentro del sector público, implementando la Gestión por Resultados, que busca garantizar que los recursos se organicen de tal manera que permiten mejorar las condiciones de vida de la población.

Lamentablemente, la métrica más comúnmente utilizada para evaluar el uso de los recursos sigue siendo la ejecución presupuestaria.

En una situación tan crítica como la que el país atraviesa, será puesta a prueba la capacidad de generar resultados de las instituciones que ejecutarán los recursos para atender la crisis del COVID-19, ya no será suficiente conformarnos con que ejecuten el 100% de recursos aprobados por el Congreso.

Los ojos, en dos instituciones

En específico el Ministerio de Desarrollo Social -Mides- y el Crédito Hipotecario Nacional -CHN- son las instituciones con la mayor responsabilidad de ejecutar los planes de apoyo económico que oscilan alrededor de los Q11 mil millones.

Para ponerlo en perspectiva, en tres meses el Mides tendrá que ejecutar el equivalente a más de cinco veces el presupuesto que ejecutó durante todo el año pasado, incluyendo gastos administrativos.

Por otro lado, el CHN tendrá una disponibilidad de recursos financieros (para otorgar préstamos a MIPYMES, entidades educativas, empresas de agua potable y cable y para realizar transferencias a trabajadores del sector privado con contratos suspendidos) equivalente a 1.3 veces el tamaño de sus activos a diciembre de 2019.

Una situación que pondrá a prueba la capacidad institucional para que los recursos utilizados generen resultados específicos para la población más necesitada. Que en un momento tan crítico como el que vive el país, urge una nota sobresaliente, como nunca se ha visto.

David Casasola es investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien)