La CC declaró inconstitucional el artículo V del Tratado General de Integración Económica de Centroamérica en la parte que exige al país importador una fianza que garantice el pago de impuestos en el caso que la mercadería sea detenida en frontera por sospechas en su origen.

En este caso, el Estado exige la fianza antes que los productos ingresen al país, previo que termine el proceso de verificación del origen de los bienes y antes que se pueda impugnar cualquier resultado del proceso de verificación.

Según la corte, ello contraviene el artículo 28 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, donde estipula que en materia fiscal, durante el proceso de resolución de alguna gestión administrativa, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna.

Enrique Lacs, Viceministro de Economía, afirmó que la resolución es improcedente, pues la fianza solicitada funciona como un complemento al pago del futuro derecho arancelario.

?Además es una práctica internacionalmente aceptada, establecer un aval para que el Estado se garantice el pago de los impuestos que le corresponden?, puntualizó Lacs.

Los analistas del Ministerio de Economía (Mineco) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) opinan que el país está en desventaja frente a sus vecinos regionales, pues si el plazo de resolución de controversias comerciales se extiende indefinidamente, el Estado dejaría de percibir de forma conspicua los tributos.

Anualmente, los impuestos a las importaciones aportan más de Q2 mil millones al Gobierno Central.

Perspectivas: Opiniones

En contra de resolución:

El Mineco explica que el pago de la fianza no es un reparo sino complemento al pago de derechos arancelarios.

El presidente de la República opina que el pago de la fianza es también un aval al pago de impuestos.

Agregan que el pago de una fianza es una práctica internacionalmente aceptada.