La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada se estima tiene un coste de entre 10,000 y 23,000 millones de dólares para la economía mundial y sobre todo acaba con las poblaciones de peces, “creando una doble preocupación en todo el mundo” , advirtió la FAO.

En 2009 los países miembros de Naciones Unidas acordaron fijar medidas para que cada Estado prevenga, combata y elimine en sus puertos la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

El acuerdo sólo entrará en vigor cuando 25 países hayan ratificado el acuerdo tras la adhesión.

Hasta el momento, lo han hecho 13 países, los dos últimos fueron Islandia en junio y St. Kitts y Nevis.

Entre las medidas que el acuerdo promueve figura la colaboración entre pescadores, autoridades portuarias, guardacostas y fuerzas navales para reforzar las inspecciones y procedimientos de control en los puertos y en las embarcaciones.

“El acuerdo tiene por objeto armonizar los controles portuarios con el fin de evitar que el pescado capturado ilegalmente llegue a entrar en los mercados internacionales a través de los puertos” , aseguró Blaise Kuemlangan, Jefe del Servicio de Derecho para el Desarrollo de la FAO.

El acuerdo permitirá un mejor cumplimiento del Código de Conducta para la Pesca Responsable de 1995, que busca promover la sostenibilidad a largo plazo del sector.

La pesca ilícita -que incluye operar sin autorización, capturar especies protegidas, utilizar aparejos de pesca ilegales y violar los límites de cuota- puede suponer hasta 26 millones de toneladas anuales de pescado al año, más del 15 por ciento de la producción total mundial, según las cifras de la agencia especializada.

Los países signatarios que han completado el proceso de ratificación son Gabón, Chile, la Unión Europea, Islandia, Mozambique, Birmania, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, San Kitts y Nevis, Seychelles, Sri Lanka y Uruguay.