“Ese es el primer paso” exclamó ayer Castañeda, al referirse a la incertidumbre por la falta de un reglamento que les brinde certeza jurídica.

Según Castañeda, al menos 11 empresas, de 19 que tiene dicho complejo empresarial, ya cerraron por completo y despidieron a 150 empleados.

La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) también afirmó que más de 20 empresas de los sectores de calzado, plásticos, farmacéuticos y cosméticos, han comenzado a preparar su salida del país.

El 70% de las empresas que operan en las zonas francas son de capital extranjero por lo que el país está perdiendo competitividad, indicó Juan Pablo Carrasco, vicepresidente de AmCham.

Carrasco recordó que estas llevan 10 años generando más de un centenar de empleos en el país.

Datos de esa asociación refieren que la actividad económica que genera una sola zona franca alcanza un promedio de Q1 millón mensual.

Castañeda afirmó las empresas no quieren quedarse solo porque hay exoneración de impuestos, sino porque ya invirtieron en el país y ya tienen una logística.

“El Ministerio de Economía debe emitir una resolución que brinde certeza jurídica, respeto al derecho adquirido y a la irretroactividad de la ley, así como la estabilidad económica a todos los usuarios de las zonas francas”, según comunicado de la AmCham.

Las condiciones para esas actividades cambió desde el 30 de marzo pasado cuando entró en vigor el Decreto 19-2016 Ley Emergente para la Conservación de Empleo y que solo otorga beneficios a empresas de vestuario y textiles y centros de llamadas.

El presidente de la asociación dijo que hasta ayer no había ninguna posición concreta que resuelva esa incertidumbre.

Carrasco, aseguró que la atracción de inversión extranjera directa se redujo 15% en el 2015, unos US$300 millones que ya no vinieron al país.

Las zonas francas esperan la resolución de un amparo presentado en la Corte de Constitucionalidad, en contra del artículo 27 de dicha ley debido a que restringe actividades que eran permitidas en el Decreto 65-89.