La nueva estructura para conocer procesos tributarios y aduaneros se conforma con el juzgado de Primera Instancia Penal, con sede en el municipio de Guatemala. Según funcionarios de la SAT este funcionará en el edificio del Ministerio de Finanzas Públicas.

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Estará integrado con un juez o jueza, un secretario (a) de instancia, tres oficiales, tres notificadores, un comisario y un auxiliar de mantenimiento, en total 10 persona.

También se crea el Tribunal de Sentencia Penal (12 personas) y la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal especializados en esas materias (12 personas).

En los tres casos se podrá incorporar más personal de lo dispuesto en este acuerdo según las necesidades según se establece en el documento.

Casos en trámite

Los órganos jurisdiccionales penales que conozcan los casos que se refieran a hechos delictivos de la materia tributaria y aduanera deberán conocer los casos que ya se encuentren en trámite y los que les hayan sido asignados hasta el día inmediato anterior a la entrada en vigencia de este nuevo acuerdo y debe concluir la diligencia o fase procesal que le corresponda.

A finales de febrero Juan Francisco Solórzano Foppa, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),    dijo que se encontraban preparando los casos, según el plan de fiscalización para el 2017 establecido por esa entidad, que incluirá solicitudes para apertura de información financiera de contribuyentes según el decreto 37-2016 conocido como apertura al secreto bancario con orden de juez.

El plan se basará al menos en 10 tipos se actividades.

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