Zebadúa indica que es necesario investigar esos casos, porque con las acciones jurídicas del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), ha logrado la suspensión de las operaciones de la mina desde julio del 2017, aspecto que según el directivo ha caudado pérdidas de 7 mil 500 empleos, de los 17 mil que se generaban con la operación de la mina y los proveedores de esta.
Agregó cifras de que se han dejado de inyectar unos Q2 mil millones a la economía nacional por la suspensión de la operaciones de la mina y el impacto a los proveedores ya que refiere que de 600 empresas existentes se han cerrado alrededor de 200.
Para el jueves prevén entregar a la CC otro memorando, en donde solicitan que analicen el actuar de Calas, por las acciones mientras dilucidan el caso de la minera.
Las acusaciones
Zebadúa y la junta directiva de Aprodemi ha existido una seria de acusaciones entre los propios representantes y exrepresentantes de Calas.
La Asociación Pro Desarrollo Minero (Aprodemi) conformada por las empresas proveedoras de la Minera San Rafael, piden a la CC que la resolución del. Aso que aún está pendiente de un fallo definitivo pero piden que los magistrados analicen el actuar Calas, una de las amparistas pic.twitter.com/pto1tuLXQu
— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) July 25, 2018
Mencionaron que existe una denuncia penal desde el año 2014 que la Contraloría General de Cuentas entabló acerca del manejo de más de Q1 millón que esa organización recibió de fondos públicos.
Durante la conferencia de prensa brindada este miércoles Aprodemi agregaron que según la CGN, por denuncia presentada en el 2015, Calas recibió Q280 mil por parte del Fondo Guatemalteco para el Medio Ambiente (Foguama) del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Además de Q848 mil del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo para la Conservación de la Naturaleza (Fonacon).
Los proveedores de la mina también mencionaron la decisión de Calas de despedir al abogado Rafael Maldonado, quien tenía a su cargo el caso de la mina San Rafael por parte de esa organización, y entre otras causas menciona agresiones a mujeres de ésta misma.
Dicha persona fue el director jurídico de esa organización hasta las semana pasada.
Reacciones
Maldonado dio a conocer esta semana que la decisión de dicha agrupación de retirarlo del puesto se debe a las denuncias penales que efectuó por fraudes que, cometió, presuntamente, esa organización ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y de malversación de fondos por parte de directivos.
Además en el mismo comunicado que compartió por su cuenta de Twitter, el abogdo explicó que hizo uso del mecanismo de denuncia que varias de las agencias de cooperación europea que financian Calas poseen, y efectuó la denuncia específicamente a la agencia irlandesa Trocaire, y a la sueca Diakonia, las cuales cuentan con sede en Guatemala, quienes respondieron que están investigando al respecto, según aseguró el abogado.
Consultado estse miércoles acaerca de las críticas y peticiones de Aprodemi Maldonado dijo que los proveedores tienen el derecho de expresión y así como de petición, refiriendose a las peticiones que están haciendo al MP y a la CC.
El abogado dijo que se tergiversó el uso de lal Ley de Feminicidio en el caso donde se le acusa de agresiones hacia mujeres.
Prensa Libre intentó contactar a Calas para conocer su versión acerca de las críticas de los proveedores y los datos mencionados en los diferentes casos pero al momento no se ha recibido respiesta.
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