Economía

Secreto, transparencia y responsabilidad

Esta semana, seguramente, el Congreso decidirá sobre la nueva legislación que ha sido relacionada con el llamado “secreto bancario”. Parece que este tema provoca largas polémicas y discusiones interminables, algo así como el duelo sempiterno entre los seguidores del Real y del Barca.

Un artículo reciente de Jorge Jacobs en este medio intenta clarificar bastante bien el asunto, concluyendo que el secreto no existe y que la nueva ley únicamente pretende facilitar las cosas para que la SAT obtenga mayores volúmenes de información sin mediar los procesos que hoy día debe seguir. Seguramente, la nueva ley podría incluir un mecanismo tan sencillo como enviar un email de la SAT al contribuyente informándole que está solicitando su información bancaria. La realidad es que poco podría afectar “la investigación” ya que el interesado no puede cambiar los datos históricos.

Tratando de escapar de tal discusión, pienso que es importante clarificar por qué y para qué la SAT busca mejorar su acceso a movimientos bancarios y ubicarla en el contexto de la inteligencia fiscal. Pero antes que todo, una preguntas o más bien ¿un examen de conciencia?

¿Queremos que la SAT mejore su eficacia y eficiencia en el cumplimiento de lo que la ley le manda hacer? ¿Somos conscientes que la única manera que esa institución cumpla sus obligaciones es dotarla de las herramientas tecnológicas, información oportuna, fortalecimiento institucional y funcionarios con un perfil apropiado para hacerlo? ¿Está claro que el día después de tener acceso a esa información, no habrá cambios espectaculares? ¿Cuáles son los mecanismos administrativos y legales que la SAT utilizará para evitar abusos con el uso de la información?

Es importante recordarles a los usuarios de esa información, que son responsables del uso (lícito o no) que se le puede dar a la misma. Debe existir una proporcionalidad entre el acceso a información privada y su resguardo. El Código Penal debe contener castigos muy severos por su utilización incorrecta, y no me refiero exclusivamente a cuentas bancarias, ya que muchas declaraciones aduaneras están llenas de datos altamente sensibles.

Por otro lado, parece lógico que si la SAT exige mayor información, camine por la senda de la propia transparencia. Seguramente, pronto tendremos resultados y compromisos específicos en la iniciativa de GOBIERNO ABIERTO, donde participa activamente, pero se requieren cambios concretos que mejoren la percepción pública sobre este tema.

Me pareció ejemplar encontrar la Declaración Patrimonial —pública— del director de Aduanas de Chile, contenida en el portal de Transparencia de la Aduana chilena. Un portal con una cantidad enorme de información y en algunos casos en formato interoperable —por ejemplo, XLS—, así como la justificación de cada compra menor que no requería licitación y que se hizo por compra directa.

Invito al lector, y por supuesto a los directores y colegas de la SAT, a visitar el Portal de Transparencia de la Aduana chilena, http://www.aduana.cl/transparencia/ para hacerse una idea del tipo de información que publica. Hoy día no es suficiente tener una ventana para hacer consultas de información directa a la SAT.

Todo indica que muy pronto la SAT va a tener una mejor “visibilidad” de todas y todos, es lógico que la transparencia también sea en sentido contrario y podamos “ver” mucho mejor a las autoridades y su quehacer diario, las compras, contrataciones, reuniones, ejercicio presupuestario y otros temas del Buen Gobierno Transparente. Es una relación ganar-ganar.

Pero, ¿para qué la SAT quiere tener acceso más expedito a las cuentas bancarias? Es sencillo, desea cruzar esa información con las declaraciones impositivas y determinar la coherencia entre una cosa y la otra. Ahora habría que asegurar el uso efectivo de esa información aprovechando la experiencia y buena práctica internacional —abundante— donde entidades como programas del FMI-CAPTAC, el Banco Mundial y el BID pueden potenciar el buen uso de esta nueva herramienta.