Daños en muchas áreas
Paulo de León, representante de la firma consultora Central American Business Intelligence (CABI) actualizó las cifras de ese fenómeno durante el presente ejercicio fiscal, así como su impacto para el sector productivo, aplicando varios modelos econométricos:
El valor de las mercancías contrabandeadas en Guatemala asciende a Q25 mil millones, lo que equivale al valor que no están facturando las empresas nacionales formales, los empresarios locales, la industria y el productor guatemalteco, lo cual impacta directamente a la producción, así como en la creación de fuentes de empleo. “Imaginen ustedes cómo estarían las empresas si facturan Q25 mil millones más; habría más dinamismo, más pago de impuestos, más empleo y por supuesto, más inversión”, remarcó el especialista.
En sus palabras, precisó que esa cantidad equivale al 4.2% del producto interno bruto (PIB) y al valor agregado representaría 1.1%, “lo que nos está diciendo es que, si no hubiese contrabando, el crecimiento del PIB de Guatemala sería de un punto más cada año; así que el contrabando nos cuesta un punto de crecimiento”.
De León comparó que, si en este año la economía está proyectada para cerrar entre 5 y 6%, se estaría creciendo entre 6.5 y 7%, que sería un récord; y si en 2020 no hubiera existido contrabando, en vez de caer -1.5%, tal vez solo se hubiera caído -0.5%, y reiteró que este delito ocasiona un daño importante a la economía, a la generación de empleo y a la recaudación tributaria.
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Recordó que, en el 2021, se proyecta que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) deje de cobrar impuesto al valor agregado (IVA) doméstico por unos Q908 millones y que también “evaporan” Q354 millones de impuesto sobre la renta (ISR). O sea que se dejarán de recibir unos Q1 mil 262 millones, solo por el ingreso ilegal de mercadería.
“Además, se tiene que agregar el arancel -impuesto al comercio exterior- que no se liquida por el ingreso de los productos, por lo que la SAT deja de percibir entre Q1 mil 600 y Q1 mil 800 millones al año, lo que se convierte en una brecha fiscal -impuestos programados, pero no cobrados- que no permite invertir esos recursos en programas sociales o en inversión para cubrir las atenciones ciudadanas”.
Aclaró que el contrabando es muy difícil de, pero se percibe cómo llega a distintos lugares como mercados cantonales y tiendas repletas de producto ilícito en las que no se paga el salario mínimo ni tributos.
“El contrabando vulnera muchas áreas del país, a la SAT, al riesgo-país, a las empresas nacionales y al empleo. Verdaderamente, es una tragedia a la que hay que combatir”, subrayó.
De León insistió en que, si en el 2022 no se promueven acciones, es muy probable que el IVA doméstico no cobrado supere los Q1 mil millones.
Luis Alfonso Bosch, presidente de la CIG, enfatizó que con las cifras presentadas se deben impulsar las acciones necesarias para poder reducir este problema, pero también advirtió sobre los peligros que representa a la salud humana consumir y adquirir productos ingresados ilegalmente por las redes criminales.
“En 2022 se debe ver el fruto de las acciones que se están llevando a cabo para borrar la problemática y será un año en el cual se implementará un ambicioso plan de acción para combatir este fenómeno, así a como las estructuras criminales”, manifestó.
Plan de acción
Axel Romero, gerente de Gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la CIG, presentó los lineamientos y alcances del centro, indicando que se analizará con información cuáles son las áreas más afectadas por esta situación, así como los sectores productivos más dañados, afinar metodologías, procesos de gestión y eficiencia.
Uno de los objetivos del centro es acompañar de manera institucional los procesos de mejora, crear un órgano que facilite y consolide el posicionamiento de los actores públicos, privados, academia y expertos para poder incidir, así como los resultados que se espera generar.
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Además, dijo que se busca tomar decisiones basados en evidencias y promover la generación de datos en diversas entidades, sobre todo en los territorios donde se genera el contrabando, para hacer un trabajo más cercano a la realidad.
Los indicadores que se medirán por parte del centro de análisis son: impuestos dejados de percibir; valor de las mercancías incautadas por región; número de acciones realizadas; delitos relacionados con el comercio ilícito; valor de las mercancías por sector productivo y cantidad de mercadería incautadas por sector.
