Esa cifra incluye a los contribuyentes grandes, medianos, especiales, pequeños e individuales, según su clasificación en el régimen que corresponde, a todo lo cual se le llama base tributaria, misma que en 10 años ha crecido solo en 1 millón 167 mil 83, para un promedio anual de 116 mil 700, aproximadamente.
Lo anterior también significa que si se dividen los Q81 mil 577 millones de ingresos tributarios presupuestados por el Congreso para este año se dividiera a partes iguales entre los contribuyentes activos, cada uno tendría que pagar impuestos por Q30 mil 488 durante este año.
Por otro lado, la reciente publicación de la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos (Enei, 2021) reveló que la tasa de informalidad del mercado laboral es del 70.8% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo cual significa que de cada 10 empleos remunerados, siete se clasifican en la categoría de cuenta propia, quienes no perciben salario fijo, no cuentan con las prestaciones de ley ni tienen acceso a la seguridad social, pero tampoco pagan impuestos, a excepción del valor agregado (IVA), que va incluido en los precios de todos los productos y servicios que adquiere la población.
Variaciones recientes
Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en 2020 la cantidad de contribuyentes efectivos (sin incluir a quienes pagan ISCV) disminuyó en 77 mil 355, ya que de un millón 144 mil 318 en 2019, pasó a un millón 66 mil 963 en el año siguiente.
“Las bajas más significativas en los contribuyentes efectivos, considerando las variaciones absolutas, se registraron en el IVA doméstico con una baja de 33 mil 482 contribuyentes (3.6% del decrecimiento anual); el Impuesto Sobre la Renta (ISR) con una reducción de 16 mil 189 contribuyentes (5.6% de la baja anual); y el IVA de importaciones con una reducción de 19 mil 767 contribuyentes (22.4% el decrecimiento anual).
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Según el ente recaudador, esto se debió a que “Guatemala no estuvo ajena a el brote epidémico de afectación global, por lo que se declaró el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional (Acuerdo Gubernativo Número 5-2020) y que tuvo, entre otros efectos, el cierre parcial de algunas actividades económicas y el cierre total de otras, afectando la economía en general y en consecuencia, la recaudación tributaria”.
También explicó que, al contraerse la economía en -1.5% en ese ejercicio fiscal (2020), “ocasionó que se realizaran menos hechos generadores de impuestos, que, como consecuencia, redujo el número de contribuyentes que efectúan pagos de impuestos por dicha actividad económica”, se informó.
Los impuestos con mayor relevancia en su participación en la recaudación administrada por la SAT, se encuentra el ISR, el impuesto de Solidaridad (ISO), y el IVA, tributos en los que descansa el funcionamiento del Gobierno para atender las necesidades de la población.
Pero hubo recuperación
No obstante, tal como ocurrió con la economía en general, en el 2021 se presentó un “efecto rebote”, que también se observó con la cantidad de contribuyentes efectivos. “En 2021 fue perceptible una recuperación en los distintos sectores de la economía, fenómeno que permitió crecimientos interanuales significativos”, continuó la SAT.
Es así como durante el año pasado, las alzas más significativas se registraron en los contribuyentes del IVA doméstico con 102 mil 535 contribuyentes (11.6% de crecimiento, respecto al 2020), el IVA importaciones con un alza de 23 mil 134 (22.4%); y el ISO, con un aumento de 1 mil 651 contribuyentes (3.4%).
¿Cómo ampliar la base?
A juicio del consultor tributario Óscar Chile Monroy, la ampliación de la base tributaria es un tema muy complejo y tiene diferentes componentes, pues debe motivarse a la población productiva a incluirse en la formalidad, pues las personas observan que los recursos tributarios que se captan no se canalizan adecuadamente.
Como ejemplo, citó que el ISCV fue creado para que esos recursos sirvieran para darle mantenimiento a la red vial, pero las condiciones de las carreteras son malas desde hace décadas, tanto en la provincia como en la capital, lo que daña los vehículos.
Por otro lado, debe haber una mayor facilitación en la inscripción, sin mayores contratiempos, de manera simple y sin mayores requisitos, aparte de una buena atención por el administrador tributario. “Hay muchas quejas sobre la inscripción, pero la SAT no responde y hay mala atención para quienes desean formalizarse, así que prefieren seguir en la informalidad”.
Citó otro aspecto, que es más de fondo, y es examinar el régimen del pequeño contribuyente, en el que se incluye a quienes venden hasta Q150 mil al año, pero debe tributar 5% (Q7,500), porcentaje que resulta muy alto para una buena cantidad de tributantes, porque para poder cumplir, necesita tener una utilidad de 27%.
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“Aunque no corresponde a la SAT, se debe plantear un análisis para diseñar o elaborar un monotributo que sea mucho menor del 5%”, expuso al indicar que, según la experiencia, 5% es bueno para un grupo de contribuyentes, pero para otros no es atractivo. Principalmente, para las personas que subsisten gracias a su pequeño negocio porque la cifra mencionada, equivale a su comida.
“Sin no se amplía la base tributaria siempre habrá problemas de baja recaudación porque la base siempre se mantiene casi parejo”, precisó Chile Monroy.
Luis Mazariegos, coordinador del Observatorio Contra el Contrabando, (OCC), coincidió en que el trabajo informal se fomenta de manera indirecta porque a cualquier persona le resulta difícil inscribirse en el administrador tributario para cumplir sus obligaciones tributarias.
Planes limitados
A pesar de todo lo anterior, la SAT descarta agregar al sector informal a la base tributaria y en lugar de ello, continúa enfocando sus esfuerzos en los contribuyentes ya existentes, en quienes están inactivos o los que pagan lo que les corresponde.
El superintendente Marco Livio Díaz, indicó que los analistas se insisten en ampliar la base por medio de la formalización de algunos agentes de la economía informal, que son muy pequeños. “Por ejemplo, la intendencia de Fiscalización ya no se enfoca en quienes más pagan, sino que está auditando a los que menos pagan dentro de cada sector económico. O sea, se trabaja en los que deben tributar con gran movimiento económico y no en los pequeños actores de la cadena productiva, cuyo objetivo es entregar productos al consumidor, con poco valor”.
La segunda acción es ampliar la base con programas de fiscalización dirigidos a tipologías de evasión que han descubierto y para lograrlo, se han lanzado 14 programas. Por último, se construyen sistemas que permitan más cruces de información y detectar a subdeclarantes o no declarantes.
Por último, mencionó que, a través de gobierno de datos, se han descubierto algunas anomalías, como la emisión de facturas a nombre de consumidores finales con montos demasiado grandes y que rompen la cadena de control, por lo que se están preparando los planes para comenzar a combatir esas malas prácticas. “Son actores grandes que se esconden a través de la figura de consumidor final”.
Mientras esto ocurre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las agencias de calificación de riesgo país, en sus evaluaciones anuales han reiterado la necesidad de ampliar la base de contribuyentes, así como elevar la carga tributaria. O sea, la relación que existe entre los impuestos que pagan los contribuyentes y el total de sus ingresos, ya que la misma se ha mantenido en alrededor del 10% desde hace más de 20 años.
