Como primer punto, señala el comunicado, una fuerte preocupación por la suspensión temporal de operaciones de empresas que ya cuentan con autorizaciones y licencias, las cuales fueron obtenidas bajo los requisitos de ley. 

Un segundo punto indica el gran riesgo que representa generalizar el cierre de empresas de todos los sectores de la economía, generando desinversiones, pérdidas de empleo y un deterioro en la economía.

Por lo anterior los agremiados a la CIG advierten que algunas de las consecuencias que podría generar el cierre de empresas, son poner en riesgo uno de cada cinco empleos formales en el país, la pérdida de Q16 millones por concepto de impuestos y la reducción del 30% de la actividad económica de Guatemala.

Los industriales solicitan al Gobierno de Guatemala que atendiendo la responsabilidad que le corresponde se realicen las consultas con los sectores correspondientes y exigen a los tres poderes del Estado a apoyar acciones que promuevan la estabilidad de las empresas legalmente establecidas.

Antecedentes

El pronunciamiento surge después de que se informara de la posibilidad del retiro de al menos 125 empresas que realizan diferentes actividades económicas en las Zonas Francas del país.

La actual Ley de Conservación del Empleo ha sido señalada  por los usuarios de Zonas Francas de incertidumbre en la certeza certeza jurídica y detenido pedidos de mercancías y en algunos casos, las empresas se encuentran inmovilizadas a la espera de los reglamentos a dicha ley.