LUXEMBURGO – Acuerdos fiscales secretos entre Luxemburgo y más de 340 multinacionales, entre ellas tres bancos brasileños, que tenían la finalidad de pagar menos impuestos, fueron revelados ayer por 40 medios de comunicación internacionales.

Esta información se basa en documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación  (Icij) . Los acuerdos, establecidos entre 2002 y 2010, representan miles de millones de euros de ingresos fiscales perdidos para los Estados donde estas empresas obtienen sus beneficios, según el Icij y sus medios asociados, entre los cuales figuran Folha de Sao Paulo, en Brasil; Le Monde, en Francia; The Guardian, en el Reino Unido; el Süddeutsche Zeitung, en Alemania,  o el Asahi Shimbun nipón.

La revelación interviene en la primera semana de presidencia de la comisión del luxemburgués Jean-Claude Juncker,  primer ministro del Gran Ducado entre 1995 y 2013.

El actual jefe de gobierno luxemburgués, Xavier Bettel, aseguró ayer que los acuerdos fiscales son “conforme    la legislación internacional”.

Investigación

El portavoz de Juncker recordó ayer que la Comisión ya inició una investigación sobre los acuerdos fiscales de Luxemburgo con Amazon y el grupo Fiat.  “Si hay una decisión negativa, Luxemburgo deberá asumir y emprender acciones correctivas”, indicó el portavoz Margaritis Schinas.

En su primera conferencia de prensa como presidente del Ejecutivo, Juncker sostuvo que la Comisión “tiene todo el derecho a iniciar investigaciones de este tipo”,  y prometió “abstenerse de intervenir”.

Según la investigación, dos bancos brasileños, Bradesco e Itaú-Unibanco, se beneficiaron de este esquema, ayudados por la auditora PricewaterhouseCoopers, que les permitió ahorrarse US$90 millones en impuesto.

El Icij detalla que los bancos brasileños alegaron “contribuciones no mesurables”  a sus filiales en Luxemburgo, lo cual les permitió declarar un resultado menor y, por tanto, pagar menos impuestos, tanto en Luxemburgo como en Brasil.
Folha de Sao Paulo presenta el caso como una estrategia clásica destinada a evitar impuestos “por todos los medios legales a su disposición”, y añade que “técnicamente no se ha cometido ningún delito”.

Más países
La investigación apunta también a prácticas de optimización fiscal de multinacionales en España, Argentina, El Salvador, Chile, República Dominicana, México y Panamá.

Así, por ejemplo  en Argentina, se acusa de estas prácticas a la filial local de Bradesco y a Yamana Gold, una productora canadiense de oro. En México están involucradas firmas financieras como Paul Capital y Startwood Capital, y la norteamericana de logística FedEx.

En España aparecen Burberry, HSBC, Pepsi, Carlyle o AIG, entre otras. En su investigación, que duró seis meses, bautizada Luxembourg Leaks  o LuxLeaks, el Icij tuvo acceso a 28 mil  páginas de documentos de “tax ruling”  que muestran cómo las grandes empresas “se apoyan en Luxemburgo y sus flexibles reglas fiscales, pero también quedan en evidencia las deficiencias de la reglamentación internacional en cuanto a la transferencia de beneficios con la finalidad de que no sean gravados, o lo sean muy débilmente”, señaló Le Monde.

Pero Luxemburgo no es el único que busca agresivamente atraer a compañías. Irlanda y la propia Holanda son investigadas por la Unión Europea, por sus políticas tributarias.

AP/EFE

Tax ruling

La investigación de la comisión contra la práctica conocida como tax ruling, que permite a las empresas optimizar fiscalmente sus declaraciones y priva a numerosos países del impuesto a las ganancias que obtienen en ellos, iniciada en junio de 2013, concierne el régimen de Amazon y del grupo Fiat en Luxemburgo; el de Apple, en Irlanda, y el de Starbucks, en Holanda, y busca determinar si constituye una ayuda estatal ilegal.

El tax ruling “no es una especialidad de Luxemburgo, muchos otros países la practican”, indicó a su lado el ministro de Finanzas, Pierre Gramegna.

La práctica ofrece “certeza y previsibilidad a las empresas sobre la manera en que será tratada fiscalmente una operación”, añadió, al subrayar que respondía, además, a los “estándares comunitarios y los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde)” .