El sismo se resume en un acrónimo, FATCA, nombre de la ley que entrará en vigor en Estados Unidos tras largas negociaciones y numerosos escándalos de evasión fiscal que implican a bancos suizos  (UBS, Credit Suisse…) y sus ricos clientes estadounidenses.

Bajo esta regulación, decenas de miles de bancos extranjeros estarán obligados a entregar constantemente información detallada acerca de los depósitos de los clientes de estadounidenses o sujetos de ser gravados por Estados Unidos.

Así, los bancos extranjeros tendrán la tarea de identificar qué clientes están sujetos a este reglamento y deberán asegurarse de que tienen la capacidad operativa para satisfacer las demandas de Washington.

Si no respetan esta obligación, destinada a las cuentas superiores a US$50,000, se exponen a una sanción: una retención de 30% sobre los ingresos brutos percibidos por sus actividades en Estados Unidos.

“Es el arma atómica“, comentó Saint-Amans.

Más de 77,000 bancos en todo el mundo se mostraron dispuestos a colaborar con Estados Unidos para curar en salud su relación con la economía más grande del mundo.

Y para consolidar el dispositivo, Washington obtuvo el compromiso de más de 70 países para hacer respetar la ley FATCA.

“Apoyo internacional” 

 Las grandes potencias occidentales  (Gran Bretaña, Francia, Alemania…) figuran en esta lista junto a plazas financieras reputadas por su opacidad: Suiza, Luxemburgo, Islas Caimán, Singapur…

“El fuerte apoyo internacional para FATCA no deja ninguna duda“, estimó recientemente Robert Stack, secretario adjunto del Tesoro para gravámenes internacionales.

La administración Obama impulsó en 2009 una ofensiva contra los paraísos fiscales, en lo más fuerte de la crisis financiera. Los países industrializados y emergentes del G-20 se han comprometido ya a generalizar el intercambio automático de información.

Sin embargo, Washington ha tenido que enfrentarse a la hostilidad de la industria bancaria, inquieta por el coste del dispositivo y su complejidad.

“Esta ley es increíblemente complicada y habría que preguntarse si sus costes no son mayores que sus beneficios“, indicó Payson Peabody, de la organización Sifma, que representa a los grandes nombres de Wall Street.

Según él, FACTA no hace más que transferir a las instituciones financieras “la carga” de la lucha contra la evasión fiscal.

Los bancos suizos dijeron estar “listos”  aun cuando el dispositivo podría costarles cerca de €250 millones y obligarlos a cambiar su forma de abordar a los residentes estadounidenses.

“Los bancos están obligados a tener más cuidado con sus clientes“, explicó a la portavoz de la asociación suiza de banqueros, Daniela Fluekiger.

La Federación bancaria francesa admite que la puesta en marcha de FACTA significa “una enorme obra de un coste elevado“.

Según sus detractores, la ley ya comenzó a complicar la vida de los expatriados estadounidenses, que a partir de ahora lo tendrían más complicado para abrir cuentas bancarias. Otros creen que puede haber un aumento sin precedentes del número de estadounidenses que renuncien a su ciudadanía.

Incluso del lado de sus partidarios algunos critican el unilateralismo de esta “Lex Americana“, que no impone reciprocidad a los bancos estadounidenses sobre sus clientes extranjeros.

Su alcance también está en debate. “Va a ser más difícil utilizar los esquemas tradicionales de la evasión fiscal“, admitió Heather Lowe, de la organización Global Financial Integrity. “Pero no hay duda alguna de que la gente encontrará medios de burlar la ley”  dirigiéndose a los países y bancos que se encuentren fuera de su campo de acción.