Los fiscales pidieron que la Justicia determine el fin de las actividades de las nueve empresas en el país suramericano y solicitaron la devolución a los cofres públicos de 918 millones de reales  (unos 238 millones de dólares) .

El Ministerio Público acusa a las empresas de haber cometido irregularidades en licitaciones de 2007 para acceder a contratos de la Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos  (CPTM) , operadora dependiente del gobierno regional de Sao Paulo.

Además de Siemens y Alstom, la Fiscalía solicitó la disolución de CAF Brasil, Trans Sistemas de Transportes, Bombardier, MGE, MPE, Temoinsa do Brasil y Tejofran.

A diferencia de la anterior acción civil presentada por la Fiscalía y referente a supuestas irregularidades en los contratos firmados en 2002, el organismo excluyó en este nuevo proceso a Caf España.

“La disolución de estas empresas ya fue pedida en diciembre, aunque por hechos distintos. En la acción civil presentada en diciembre se hizo referencia a la práctica de cártel ocurrida en el año 2002 para la división de mercado de manutención de trenes” , explicó a Efe el promotor del Ministerio Público Otavio Garcia.

El supuesto cartel fue revelado en mayo de 2013 por la multinacional Siemens, que suscribió un acuerdo con el Comité Administrativo de Defensa Económica  (Cade) para obtener beneficios a cambio de admitir las irregularidades y denunciar sus cómplices.

De acuerdo con la Fiscalía, las empresas negociaban entre ellas qué consorcio o empresa ganaría la licitación, y se comprometían a presentar propuestas con precios mayores.