Peña, expresidente ejecutivo del consejo de administración de Banrural,  es señalado por las autoridades de lavado de activos, para lo cual habría requerido el apoyo de Fonseca, gerente de negocios, y de Barrientos, directivo de la entidad, quienes fueron capturados el pasado jueves.

El comunicado explica que se separó a los funcionarios de su cargo para que puedan dedicarse plenamente a esclarecer su situación jurídica y se reconoce su labor dentro de la institución. Además el banco reitera su disposición a colaborar con las investigaciones. https://twitter.com/ugamarro_pl/status/739780974381146112

Peña Pérez es originario de Alta Verapaz, trabajó en los movimientos de cooperativas de comercialización de cardamomo y café. En 1997 fue llamado a dirigir la transformación del Banco de Desarrollo Agrícola (Bandesa) a Banrural, donde desempeñó diversos cargos ejecutivos durante 19 años.

Bandesa tenía como objetivo impulsar el desarrollo agrícola con el otorgamiento de créditos y préstamos a los pequeños y medianos productores y administraba fondos públicos. Sin embargo, por mala administración, fue objeto de estafas y varios de los beneficiarios de los préstamos incumplieron con la devolución de los recursos, que al final lo llevaron a la quiebra financiera.

Caso Cooptación del Estado

Según investigaciones, el Partido Patriota (PP) habría negociado al menos 450 contratos entre diversas empresas, reales y de cartón, con distintas entidades del Estado, y por lo que habrían recibido por lo menos Q500 millones en sobornos.

Esta organización criminal se habría formado en 2007 y sus operaciones duraron hasta el 2015. En sus inicios sirvió para recibir y lavar dinero que fue utilizado para financiar las campañas electorales del PP.

Generalmente estas empresas recibían dinero de financistas que no querían figurar, extendían facturas por la prestación de servicios ficticios y de esta manera se agenciaban de fondos para la campaña electoral.

La estructura que ayudó a capitalizar al PP, lejos de desaparecer cuando llegaron al poder, se fortaleció y cooptó algunas instituciones del Estado.

Esto se logró al pedir sobornos o “comisiones” a empresas a cambio de ser beneficiadas con contratos del Estado. Se logró establecer que “los operadores priorizaban las comisiones y las cobraban. Por lo menos era el 10 por ciento para tramitar los contratos”.

De ese 10 por ciento, el 60 por ciento era para los jefes de la estructura —Pérez Molina y Baldetti—y el restante 40 por ciento para los demás participantes.