El vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas, entregó el texto al presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez, y aseguró que el incremento se debe principalmente al aumento en el pago de la deuda y los intereses, así como los recursos para educación e infraestructura.

Según Fallas, un 32.8% del presupuesto del 2017, de 8.9 billones de colones (US$16 mil millones) se destinará al pago de deuda; el 54.1% del total se financiará con ingresos corrientes y el 45.9% con deuda.

“En el 2017 el principal disparador del presupuesto será la deuda, la que se estima alcanzaría un 49.1% del producto interno bruto (PIB). El pago de amortización e intereses crece por encima del 17% y representa un tercio del presupuesto”, afirmó Fallas en conferencia de prensa.

El ministro hizo énfasis en la necesidad de que el Congreso apruebe una serie de proyectos que pretende aumentar los ingresos para combatir el déficit fiscal, que en el 2015 ascendió al 5.9% del PIB.

“Sin nuevos ingresos que permitan cubrir necesidades apremiantes y honrar pagos, esta deuda acumulada por años aumentará cada vez más. Si bien estamos recaudando mejor y hemos logrado desacelerar el incremento en los gastos, el déficit, aunque controlado, sigue en niveles que atentan contra la sostenibilidad en el mediano plazo”, afirmó Fallas.

El 16.9% del presupuesto se destinará a la educación, con el fin de cumplir con el mandato constitucional de invertir el 8% del PIB en este sector.

El 31.2% irá dirigido a diversas transferencias para los municipios, la Caja Costarricense del Seguro Social, pensiones y un fondo especial para las universidades públicas.

“Estamos ante un proyecto de presupuesto elaborado responsablemente. Aun cuando debemos honrar compromisos de pago equivalentes a un tercio del monto total, para el 2017 aumentamos en un 26% la inversión en obra pública con respecto al año anterior y estamos protegiendo los programas sociales”, aseveró Fallas.

El Gobierno costarricense ha insistido en que el déficit fiscal que viene acumulando el país desde el 2008 no es sostenible en el mediano y largo plazo, por lo que ha propuesto un paquete de leyes al Congreso para aumentar ingresos y controlar gastos.

Entre los proyectos más polémicos se encuentra uno que pretende convertir el impuesto de ventas del 13% en uno de valor agregado del 15% y otro para luchar contra el fraude fiscal que crea un registro de accionistas de las sociedades anónimas y da potestades a los jueces para embargar cuentas bancarias.

También hay una iniciativa que pretende homologar las escalas salariales en el sector público, recortar pluses salariales y revisar convenciones colectivas con el objetivo de recortar los gastos del Estado.

A esto se oponen los sindicatos que afirman que los trabajadores del sector público pagan sus impuestos y que los culpables del déficit son los grandes empresarios que evaden al fisco.