El funcionario opinó ayer en conferencia de prensa que existe interés en el mercado local e internacional por los documentos de deuda guatemalteca.

Informó que durante las próximas dos semanas continuarán intentando colocar hasta US$150 millones en el mercado nacional, antes de hacerlo en las bolsas internacionales.

A esos mercados irán hasta en el primer trimestre de 2003, para vender el resto de los US$700 millones a que asciende la emisión de bonos, explicó.

?La venta del lunes no se dio, porque no quisimos?, ?No se vale asustar (a los inversionistas) con el petate del muerto? y ?Son los inversionistas inteligentes los que están aprovechando la oportunidad?, fueron algunas de las frases que Weymann utilizó para tratar de negar el poco interés que hasta el momento han despertado los títulos estatales entre los inversionistas locales.

Algunos analistas dijeron que la apatía se debió al llamado del sector empresarial a no comprarlos y las acciones legales pendiente de resolver en los tribunales nacionales.

Pese al optimismo del Gobierno por colocar los bonos rápidamente, en una semana en el mercado nacional sólo lograron colocar US$8.52 millones, cuando la meta esperada era de US$150 millones.

El funcionario confirmó ayer el monto colocado en el mercado bursátil.

No subirá interés

Al comentar sobre las tasas de interés a las que se colocarán los títulos pendientes, el funcionario dijo que no se elevarán.

La deuda colocada hasta hoy oscila entre 6.35 y 8.25 por ciento de interés.

?Hay sectores interesados en elevar las tasas de interés para después invertir en los títulos… y no nos vamos a prestar a ese juego?, declaró Weymann.

El funcionario expresó ?que la opinión pública sabe perfectamente de quiénes estamos hablando?, en clara alusión al sector empresarial.

Enrique Neutze, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif, manifestó que continuarán con la campaña contra la colocación de la deuda y que en la misma no están solos, ya que cuentan con el apoyo de la sociedad civil, que también ha planteado recursos legales para impugnarlos.