El argumento es que estos proyectos, junto a las hidroeléctricas, puede ayudar a reducir los índices de pobreza, si se le da importancia al tema de la inclusión social y ambiental que los proyectos generen resultados para las localidades, explicó el viceministro de Desarrollo Sostenible, Roberto Velásquez.

El funcionario dio declaraciones a medios de comunicación acompañado del ministro Juan Pelayo Castañón y de los viceministros Víctor Aguilar, de Minería e Hidrocarburos, y Luis Chang, de Energía.

Aguilar mencionó que se trata de expedientes rezagados que “estaremos evacuando a la mayor brevedad”.

Al expediente se le hará un análisis detallado del impacto del proyecto, comparado con el beneficio social que pueda representar, y se efectuarán acercamientos con las comunidades, añadieron.

Datos del MEM refieren que al 1 de febrero de este año hay 611 solicitudes en trámite, de las cuales 323 son de minerales metálicos, 179 de minerales no metálicos y 109 de materiales de construcción. Hay 343 licencias vigentes.

Los funcionarios añadieron que creen que algunos de los solicitantes ya no están interesados en las licencias y anunciaron que efectuarán controles a los que ya operan o están autorizados.

Aguilar informó que han reactivado conversaciones para aportes voluntarios (conocidos como regalías voluntarias) y que las minas Fénix, Marlin, El Escobal y Guaxilán los hicieron el año pasado.

Cargos en empresas

Respecto a su relación con empresas privadas, Castañón rechazó que haya conflicto de intereses, como dijeron diputados, sino que, a su juicio, es “un valor agregado” el conocimiento que obtuvo en ellas. Informó que mantuvo relación laboral de 15 años con la venezolana PDVSA, pero dejó el cargo el 13 de enero del 2016, aunque había renunciado varias semanas antes.

De igual forma se expresó Aguilar, quien trabajó en empresas de minería.

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