El gerente de país de Minera San Rafael, Dave Howe, proveedores, representantes de empleados y ejecutivos de la Cámara de Industria de Guatemala presentaron cuatro solicitudes de acceso a la información en la Corte de Constitucionalidad (CC) para conocer cómo va el proceso de la resolución de la corte en el caso de la mina.

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Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria comentó que presentaron las solicitudes a través de Acceso a la Información de la CC, por los 137 días que han transcurrido sin conocer una resolución.

“Llama poderosamente la atención que van 137 días sin conocerse una resolución, no sabemos si hay una disposición o si ya se conoció en el pleno”, resaltó el ejecutivo.

Ejecutivos de Mina San Rafael, representantes de la asociación de trabajadores, directivos de la Cámara de Industria de Guatemala y Proveedores de la Mina presentaron 4 solicitudes en la oficina de acceso a la información de @CC_Guatemala para conocer cómo va el proceso pic.twitter.com/iAyZtAjBbo

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) 6 de marzo de 2018

“En una época como la que está viviendo Guatemala de combate a la corrupción vale la pena preguntarse si esto no entra de algún calificativo de corrupción, al haber vencido los cinco días que tenía la corte en resolver y llevar más de 132 días adicionales sin resolver”, enfatizó Zepeda.

Momentos de tensión

En febrero pasado, un grupo de personas  retuvo durante unas tres horas a dos ejecutivos de Tahoe Resources Inc. y de la Minera San Rafael, en el camino vecinal de El Tablón, Casillas, Santa Rosa, acción que ocurrió mientras la CC aún no emite fallo definitivo sobre el funcionamiento de dicho proyecto.

La retención del británico David Howe, gerente de país de Tahoe Resources y vicepresidente de Operaciones, así como de Camilo Medina, gerente de Relacionamiento de la minera, se produjo cuando efectuaban una labor de responsabilidad social. Un grupo de pobladores les bloqueó el paso y le pinchó los neumáticos, informó Andrés Dávila, vocero de la  Minera San Rafael.

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Dávila declaró que les indicaron que el grupo estaba armado. Agregó que ambos ejecutivos  viajaron a la aldea  para reunirse con cafetaleros locales para impulsar proyectos comunitarios.

Los pobladores no dejaban pasar a los ejecutivos, con el argumento de que están en desacuerdo con la mina y con la presencia de sus personeros, porque por orden judicial “no debe estar operando”, dijo Quelbin Jiménez, abogado del Parlamento Xinca.

La Embajada del Reino Unido  dijo que dio “asistencia consular a un ciudadano británico en Guatemala”,  refiriéndose a Howe,  y además  se puso  en contacto con  autoridades locales, dijo   Eduardo Smith, oficial de prensa.

Efectos en la inversión

“La retención de personas solo agudiza  la situación de la empresa y de quienes están generando fuentes de trabajo”, expresó Alfredo Gálvez, vocero de la Gremial de Industrias Extractivas, quien resaltó que la falta de  una sentencia de la CC agudiza la tensión en la región. 

Indicó que Honduras, México y Nicaragua están ofreciendo  más  seguridad ciudadana y certeza  jurídica para ese sector de la economía, por lo que peligra la inversión en el país. Aunque Guatemala tiene potencial, “mientras  el Estado no cumpla con su deber  se  va a seguir siendo un país pobre”, agregó Gálvez.

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En el sector minero el efecto es que se está regresando a los niveles del 2004, cuando esa actividad solo aportaba al año unos Q200 millones a la economía, señaló Gálvez, al explicar  que casi solo van quedando licencias de materiales de construcción.

El Escobal, donde está instalada la mina San Rafael, representa uno de los depósitos de plata más grandes del mundo, porque tiene reservas calculadas en 367 millones de onzas de ese metal precioso, explicó Gálvez.

Por tercera ocasión en la misma semana que ocurrieron los hechos, sectores presentaron un memorial pidiendo a la CC que resuelva los amparos sobre el caso, cuya vista pública se efectuó en octubre del 2017.

Los proveedores de la mina San Rafael también presentaron un  memorial que, según el representante Álvaro Zebadúa, es para pedirles una explicación a los magistrados y que emitan un fallo en ese caso. La mina está suspendida desde el  5 de julio del 2017.

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