Una comisión de investigación es el procedimiento de esa índole de más alto nivel que puede llevar a cabo la OIT.
La decisión del Consejo de Administración pasa revista a los distintos puntos contenidos en el acuerdo tripartito y en los que se ha avanzado en distintos grados.
Sobre la reforma de la legislación laboral, el Gobierno de Guatemala informó a la OIT de que las negociaciones han dado lugar a propuestas para reformar el Código Penal especificando que la participación en huelgas legales no debe tener consecuencias penales, y que en los servicios esenciales donde no pueda haber una paralización del trabajo debe intervenir una mediación.
Sin embargo, la lectura de los sindicatos es distinta y han señalado que la revisión de la ley sufre de una “fuerte resistencia tanto del gobierno, como de los patronos”.
La OIT valora igualmente elementos que le permiten establecer el nivel de cumplimiento de la hoja de ruta sobre el respeto a la libertad sindical, como “el significativo aumento de los casos de asesinatos de responsables o de miembros de sindicatos que han sido investigados y condenados”.
Se refiere en particular a las investigaciones en torno al asesinato de 58 sindicalistas notificados a la OIT.
El Gobierno guatemalteco informó a ese respecto de que ese tipo de asesinatos ha descendido en los últimos años, pasando de 16 en 2009 a siete en 2014, a dos en 2015 y uno en 2017.
Sobre las órdenes cumplidas de readmisión de trabajadores despedidos por su actividad sindical, la OIT destacó que es importante y urgente que sean ejecutadas.
En su informe sobre Guatemala, la OIT recoge las consideraciones de las federaciones sindicales que afirman que el gobierno “no tiene interés real” en cumplir con sus obligaciones internacionales y dicen que ciertas acciones que violan la libertad de asociación y de negociación colectiva así lo demuestran.
Por ello, piden a la organización que mantenga una “estricta vigilancia” al respecto.
Una misión de la OIT visitó Guatemala a comienzos del pasado febrero para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el acuerdo tripartito suscrito tres meses antes, y fue recibida por las más altas autoridades del Estado, incluido el presidente del país, Jimmy Morales.
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