País debe discutir control de especies

Luego de que el Congreso derogó la Ley para la Protección de Obtención de Vegetales el jueves último, expertos señalan que a pesar de esto, Guatemala debe cumplir con proteger las patentes como lo señalan los capítulos de Propiedad Intelectual de los Tratados de Libre Comercio que el país ha suscrito.

Instituciones y particulares han creado mejoras en semillas; sin  embargo, el país no cuenta con una ley que permita registrarlas como  propias.  (Fotografía Prensa Libre. Archivo)
Instituciones y particulares han creado mejoras en semillas; sin embargo, el país no cuenta con una ley que permita registrarlas como propias. (Fotografía Prensa Libre. Archivo)

Ciudad de Guatemala –  Rafael Briz Méndez, presidente de la Cámara Española de Comercio de Guatemala, indicó que lo que procede ahora es hacer una convocatoria con los diferentes sectores para diseñar otra normativa en la que se establezcan los instrumentos de protección de la propiedad intelectual en esta rama.

“Desde ya se debe tomar en cuenta a aquellos sectores que tienen una voz en particular, para que Guatemala tenga una normativa de protección a las variedades de vegetales”, subrayó.

El empresario comentó que estos requerimientos se establecen en el TLC con EE. UU., y el Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea.
Enrique Lacs Palomo, experto en comercio internacional, agregó que el país además debe cumplir con esa norma ante la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV).

Explicó que el principal problema del país es que la universidad estatal y las privadas; empresas y laboratorios particulares; centros de investigación científica y el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación crean semillas mejoradas que luego son empleadas en el campo, pero sin ningún registro o patente y luego son plagiadas.

En estos casos, explicó, hay personas “inescrupulosas” que pretenden registrar como propias las mejoras realizadas, que instituciones o particulares han llevado a cabo y que son patentadas en otros países, además de que no pagan los derechos de propiedad intelectual.

“Hay variedades que no están registradas, que están en campo y eso significa que esa inversión de conocimiento no tiene retribución económica. Esas semillas pueden estar siendo comercializadas en África o en otros países y no hay una compensación económica”, añadió.

Replanteamiento

“Es lamentable la derogación, pero en el futuro se debe replantear la ley”, afirmó, Santiago Molina, presidente de la Cámara del Agro.
Efrén Sandoval, del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco, opinó que el Congreso debe legislar en una normativa que garantice el derecho particular a lo colectivo.

“El Estado no es una empresa para estar otorgando patentes, por lo que se debe invocar un derecho particular en la cual las personas sean libres de elegir y no que se les imponga”, subrayó.

El activista indicó que hacen una revisión de la derogación, ya que se presta a otra interpretación, como que no se eliminó la esencia de la ley de vegetales que es el beneficio a una empresa en particular.

Briz y Lacs coincidieron en que Guatemala ha tenido avances en la legislación sobre Propiedad Intelectual e Industrial, sobre todo en normas y regulaciones; sin embargo, en la observancia es débil.

Lacs agregó que la ley es frívola para aplicarla en áreas como patentes en medicamentos, reproducciones de audio y video, vestuario y calzado.

Normativa

Acerca de la ley

La Ley de  Vegetales que fue  derogada el jueves pretendía otorgar derechos de exclusividad, producción y distribución de semillas  que aplicaría a por lo menos   15 géneros o especies vegetales y conceder derecho de obtentor para una variedad que ya no sea nueva a la fecha de entrada en vigencia de la ley. 

FRASE

“El Estado no es una empresa para otorgar patentes. Que  sea el derecho particular que prive en la elección de una especie de semilla”.  
Efrén Sandoval,  activista.

DATO

15

Capítulo

que trata sobre propiedad intelectual en el acuerdo comercial con Estados Unidos.