EE. UU. reactiva panel arbitral contra Guatemala por violación de derechos laborales

Después de 33 meses de buscar un arreglo amistoso, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR)  decidió ayer  reactivar el panel arbitral contra el Estado  de Guatemala, por incumplir con los avances acordados en materia  de derechos laborales, lo que podría significar una multa de hasta US$15 millones (Q115 millones).

Michael Froman, representante comercial de EE. UU., junto a otros funcionarios, anunció ayer la decisión de reactivar el proceso.
Michael Froman, representante comercial de EE. UU., junto a otros funcionarios, anunció ayer la decisión de reactivar el proceso.

La sanción está planteada  en el capítulo 16 del   Tratado de Libre Comercio que Guatemala firmó con EE. UU. en el 2006.

Ese capítulo obliga a los países suscriptores del acuerdo al respeto de los derechos laborales y es el  primer caso que se constituye bajo esa instancia.  

El proceso podría poner  en riesgo el intercambio comercial y los flujos de inversión de ese país.

La decisión fue oficializada  en Washington  por Michael Froman, representante del USTR;  Thomas E. Pérez,  secretario de Trabajo de EE. UU.; y Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales.

Además, por Xavier Becerra, representante del Partido Demócrata  en la Cámara de Representantes de EE. UU., y Sandy Levin, miembro de alto nivel del Comité de Cámara de Medios y Árbitros, entre otros funcionarios.

“Nuestro objetivo es asegurar que Guatemala implemente la protección laboral a lo que los trabajadores tienen derecho.  El litigio es un medio para llegar a ese objetivo, no un fin en sí mismo”, dijo Froman.

El funcionario  visitó Guatemala el   1 de agosto recién pasado, para conocer los avances en el cumplimiento del plan de acción.

En ese entonces   advirtió de la posibilidad de reactivar el proceso.

“Cuando los trabajadores en Guatemala puedan ejercer libremente sus derechos laborales, sus condiciones de trabajo y de vida   mejorarán,  y se creará  una mayor igualdad”, dijo el secretario Pérez.

Trumka  afirmó que la decisión es un  un mensaje “claro” a los socios comerciales de que la observancia de los derechos fundamentales del trabajo son esenciales para las relaciones comerciales y de inversión.

En junio del 2012, seis meses   después de haber asumido como presidente Otto Pérez Molina,  los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos acordaron un arreglo amistoso y no activar el panel arbitral.

Las primeras advertencias  de iniciar ese proceso  se dieron  en julio del 2010 y agosto del 2011; sin embargo, ese año  se suspendió, debido al período electoral.

Con el acuerdo,   EE. UU.   planteó un plan de ejecución de 17 compromisos, entre los cuales el más relevante era la devolución de la capacidad sancionatoria a la Inspectoría General de Trabajo  (IGT), del Ministerio de Trabajo.

Para eso se requiere una reforma al Código de Trabajo.
 
Defensa

Carlos Contreras, ministro de Trabajo, señaló  que el país ya prepara la defensa que planteará una vez se convoque a las audiencias del Panel.

“Vamos a demostrar el cumplimiento  de todos los puntos, así como el fortalecimiento institucional de lo acordado”, aseguró.

El ministro  dijo respecto de la reforma planteada al Código de Trabajo que es una decisión que   corresponde  al Congreso.

“El incumplimiento de esa reforma  fue la postura que sustentó la decisión del USTR”, afirmó.

El Ejecutivo presentó en julio del 2013 la iniciativa 4703, que contiene las reformas al Código de Trabajo y en la cual se plantean mecanismos de sanción para las empresas que incumplan con los derechos laborales.

El panel arbitral está compuesto por un presidente y un árbitro de cada país, que para el caso de Guatemala es  el abogado Mario Fuentes Destarac,  explicó Contreras.

Marcio Cuevas, coordinador de la mesa laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), informó que se tendrá que proceder a lo  establecido en el acuerdo.

“Se debe  hacer un análisis del  mecanismo de defensa que  se va a  plantear, y como sector privado se estudiará el caso para dar las sugerencias del camino a seguir”, expuso.

Cuevas  resaltó que esta  decisión pone a Guatemala en una situación “complicada”, por lo que se deben  instalar  los mecanismo para que el proceso salga adelante con un positivo desempeño y que no impacte en las relaciones comerciales.

Contreras  refirió que el desarrollo de las audiencias puede durar más de un año.

El embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, advirtió el lunes pasado sobre el incumplimiento de los acuerdos, porque afectaría las ventas al exterior.

“El panel daría lugar a una campaña pública contra Guatemala sin precedentes,    que tendría impacto en las inversiones, turismo y en la imagen del país ante la comunidad internacional”, agregó.

Sin embargo, Enrique Lacs, consultor en Comercio Exterior, explicó que la demanda no quitará beneficios   a los productos enviados  hacia ese mercado    ni influirá en el comercio.

EE. UU. es el principal socio comercial de Guatemala.

Posturas

Rigoberto Dueñas, representante del sector trabajador  ante la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales de Trabajo, aplaudió  la decisión del USTR,  ya que, afirmó, eso   obligará a Guatemala a reformar el Código de Trabajo para devolver a la IGT la  capacidad de sancionar.

“No hay más remedio que adoptar las medidas del panel arbitral”, dijo.

Agregó que este es el resultado  de la negligencia del Gobierno para adecuar las reformas y será un mecanismo para  combatir la impunidad laboral en las empresas.

Alejandro Ceballos, director de la Comisión de Vestuario y Textiles,  indicó que devolver la capacidad de sanciones a la IGT es perjudicial e inconstitucional, y sería un foco de corrupción.

Ceballos señaló  que desde el principio  de las advertencias que lo ideal era ir a un  panel  porque la sentencia sería a favor de Guatemala.

Cifras

38 por ciento de las ventas del país se destinan a EE. UU.

37 por ciento de las compras provienen del país del norte.

211 millones de dólares fue la  inversión de EE. UU. en 2013.

Proceso a seguir

Guatemala deberá enfrentar el panel arbitral creado en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

¿Qué es el panel? Es un proceso para juzgar el incumplimiento de un acuerdo entre dos partes, en este caso Estados Unidos y Guatemala, en el marco del Tratado de Libre Comercio.

¿Cómo se integra? Se debe establecer un tribunal arbitral de tres miembros. Ambos países tienen 15 días para nombrar un presidente, y luego otros 15 días para la elección de los dos árbitros. Si  no se ponen de acuerdo, será por sorteo.

¿Por qué se crea? EE. UU. demanda al país por falta de voluntad para hacer cumplir las leyes laborales que se establecen en el capítulo 16 del TLC, vigente desde el 2006. Esa oficina dio trámite a las denuncias planteadas por el sector sindical.

¿Qué lo originó?  Despidos en maquilas y agroexportadoras, el asesinato del sindicalista Pedro Zamora y amenazas de muerte contra sindicalistas.

1 El país podría recibir  sanción económica establecida en el TLC de hasta US$15 millones, para que los reinvierta en  políticas laborales.

2 El embajador en Washington D. C., Julio Ligorría, advirtió esta semana de que peligran las ventas a EE. UU., por el incumplimiento.

3 El sector  exportador señala que la decisión crea mala imagen al país e impacta  en todos los mercados externos.

4 Otra  consecuencia sería la reducción en las ventas de productos nacionales, y generaría  desempleo y migración.

Compromisos adquiridos

El plan de ejecución contempla  compromisos adquiridos ante EE. UU., de los cuales queda pendiente la reforma al Código de Trabajo. A continuación, las acciones acordadas.

Intercambiar  información entre los ministerios de Trabajo, Economía y la Superintendencia de Administración Tributaria.

Dar asistencia  policial a los inspectores de trabajo para efectuar supervisiones, por medio de un acuerdo con Gobernación.

Asignar recursos al Ministerio de Trabajo para aplicar la capacidad de supervisión y seguimiento de denuncias.

Reformar el Código de Trabajo, para otorgar autoridad a la Inspección General de Trabajo y sancionar a empresas que incumplan leyes.

Regular plazos para dar trámite a denuncias y revisar las infracciones producto de las verificaciones a patronos.

Regular beneficios fiscales para las empresas que están bajo el decreto 29-89.

Revocar beneficios para las empresas que no cumplan con el derecho laboral establecido.

Crear procedimiento para confirmar los cierres de  empresas, adoptando medidas para procurar el pago a los trabajadores.

El Ministerio de Trabajo debería publicar y aplicar criterios definidos en caso de sustitución del patrono.

Asegurar el cumplimiento de las órdenes de los juzgados de Trabajo y crear un sistema para fiscalizar el cumplimiento de órdenes.

Documentar de manera electrónica informes mensuales de cumplimiento de órdenes de juzgados de Trabajo.

Formular un programa para fiscalizar a los juzgados de Trabajo.

Proteger a los trabajadores que decidan formalizar sindicatos y promuevan la negociación colectiva.

Publicar estadísticas  y datos sobre las visitas de inspección con el detalle de las infracciones confirmadas.

Vigilar avances en el plan de  ejecución para fortalecer las medidas en materia laboral.

Aceptar acompañamiento de Estados Unidos para la implementación de las reformas necesarias para fortalecer las políticas de trabajo.

17 Compromisos

Fueron adquiridos ante Estados Unidos.

6 denuncias

Fueron planteadas en el 2008 por sindicalistas.

Análisis

Rechazan cambios

Diputados de diferentes bancadas rechazan la aprobación de las reformas al Código de Trabajo porque consideran que perjudicarían el sistema de justicia laboral, y afirmaron en la instancia de jefes de bloques  que no están de acuerdo con la propuesta.

Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala, dijo que el tratado con EE. UU. pide fortalecer las inspectorías de Trabajo, pero las reformas las debilitan.

Agregó que hay aspectos que son inconstitucionales, ya que se pretende violar la independencia de poderes, porque las modificaciones permiten intervenir en decisiones del Organismo Judicial y de los juzgados.

Amílcar Pop, de Winaq, afirmó que la propuesta elimina la institucionalidad de la inspectoría laboral, “casi la elimina”, pese a que se ha demostrado que existe un 99.8 por ciento de impunidad, cuando los asuntos laborales se tratan de resolver en el Sistema Judicial.

El congresista aclaró en la instancia de jefes de bloques que la propuesta fue objeto de varios cambios. “Se tenían que fortalecer las inspectorías.

Eso es lo que se acordó con Estados Unidos cuando se firmó el tratado. Acá modificaron todo y ahora la normativa, en lugar de beneficiar al trabajador, lo perjudica. Eso no lo vamos a permitir”, advirtió.

También se opone Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien afirmó que la normativa no se ha consensuado y  que  las centrales sindicales se oponen porque los cambios perjudican.-Por Jessica Gramajo