Ese capítulo obliga a los países suscriptores del acuerdo al respeto de los derechos laborales y es el primer caso que se constituye bajo esa instancia.
El proceso podría poner en riesgo el intercambio comercial y los flujos de inversión de ese país.
La decisión fue oficializada en Washington por Michael Froman, representante del USTR; Thomas E. Pérez, secretario de Trabajo de EE. UU.; y Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales.
Además, por Xavier Becerra, representante del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de EE. UU., y Sandy Levin, miembro de alto nivel del Comité de Cámara de Medios y Árbitros, entre otros funcionarios.
“Nuestro objetivo es asegurar que Guatemala implemente la protección laboral a lo que los trabajadores tienen derecho. El litigio es un medio para llegar a ese objetivo, no un fin en sí mismo”, dijo Froman.
El funcionario visitó Guatemala el 1 de agosto recién pasado, para conocer los avances en el cumplimiento del plan de acción.
En ese entonces advirtió de la posibilidad de reactivar el proceso.
“Cuando los trabajadores en Guatemala puedan ejercer libremente sus derechos laborales, sus condiciones de trabajo y de vida mejorarán, y se creará una mayor igualdad”, dijo el secretario Pérez.
Trumka afirmó que la decisión es un un mensaje “claro” a los socios comerciales de que la observancia de los derechos fundamentales del trabajo son esenciales para las relaciones comerciales y de inversión.
En junio del 2012, seis meses después de haber asumido como presidente Otto Pérez Molina, los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos acordaron un arreglo amistoso y no activar el panel arbitral.
Las primeras advertencias de iniciar ese proceso se dieron en julio del 2010 y agosto del 2011; sin embargo, ese año se suspendió, debido al período electoral.
Con el acuerdo, EE. UU. planteó un plan de ejecución de 17 compromisos, entre los cuales el más relevante era la devolución de la capacidad sancionatoria a la Inspectoría General de Trabajo (IGT), del Ministerio de Trabajo.
Para eso se requiere una reforma al Código de Trabajo.
Defensa
Carlos Contreras, ministro de Trabajo, señaló que el país ya prepara la defensa que planteará una vez se convoque a las audiencias del Panel.
“Vamos a demostrar el cumplimiento de todos los puntos, así como el fortalecimiento institucional de lo acordado”, aseguró.
El ministro dijo respecto de la reforma planteada al Código de Trabajo que es una decisión que corresponde al Congreso.
“El incumplimiento de esa reforma fue la postura que sustentó la decisión del USTR”, afirmó.
El Ejecutivo presentó en julio del 2013 la iniciativa 4703, que contiene las reformas al Código de Trabajo y en la cual se plantean mecanismos de sanción para las empresas que incumplan con los derechos laborales.
El panel arbitral está compuesto por un presidente y un árbitro de cada país, que para el caso de Guatemala es el abogado Mario Fuentes Destarac, explicó Contreras.
Marcio Cuevas, coordinador de la mesa laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), informó que se tendrá que proceder a lo establecido en el acuerdo.
“Se debe hacer un análisis del mecanismo de defensa que se va a plantear, y como sector privado se estudiará el caso para dar las sugerencias del camino a seguir”, expuso.
Cuevas resaltó que esta decisión pone a Guatemala en una situación “complicada”, por lo que se deben instalar los mecanismo para que el proceso salga adelante con un positivo desempeño y que no impacte en las relaciones comerciales.
Contreras refirió que el desarrollo de las audiencias puede durar más de un año.
El embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, advirtió el lunes pasado sobre el incumplimiento de los acuerdos, porque afectaría las ventas al exterior.
“El panel daría lugar a una campaña pública contra Guatemala sin precedentes, que tendría impacto en las inversiones, turismo y en la imagen del país ante la comunidad internacional”, agregó.
Sin embargo, Enrique Lacs, consultor en Comercio Exterior, explicó que la demanda no quitará beneficios a los productos enviados hacia ese mercado ni influirá en el comercio.
EE. UU. es el principal socio comercial de Guatemala.
Posturas
Rigoberto Dueñas, representante del sector trabajador ante la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales de Trabajo, aplaudió la decisión del USTR, ya que, afirmó, eso obligará a Guatemala a reformar el Código de Trabajo para devolver a la IGT la capacidad de sancionar.
“No hay más remedio que adoptar las medidas del panel arbitral”, dijo.
Agregó que este es el resultado de la negligencia del Gobierno para adecuar las reformas y será un mecanismo para combatir la impunidad laboral en las empresas.
Alejandro Ceballos, director de la Comisión de Vestuario y Textiles, indicó que devolver la capacidad de sanciones a la IGT es perjudicial e inconstitucional, y sería un foco de corrupción.
Ceballos señaló que desde el principio de las advertencias que lo ideal era ir a un panel porque la sentencia sería a favor de Guatemala.
Cifras
38 por ciento de las ventas del país se destinan a EE. UU.
37 por ciento de las compras provienen del país del norte.
211 millones de dólares fue la inversión de EE. UU. en 2013.
Proceso a seguir
Guatemala deberá enfrentar el panel arbitral creado en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
¿Qué es el panel? Es un proceso para juzgar el incumplimiento de un acuerdo entre dos partes, en este caso Estados Unidos y Guatemala, en el marco del Tratado de Libre Comercio.
¿Cómo se integra? Se debe establecer un tribunal arbitral de tres miembros. Ambos países tienen 15 días para nombrar un presidente, y luego otros 15 días para la elección de los dos árbitros. Si no se ponen de acuerdo, será por sorteo.
¿Por qué se crea? EE. UU. demanda al país por falta de voluntad para hacer cumplir las leyes laborales que se establecen en el capítulo 16 del TLC, vigente desde el 2006. Esa oficina dio trámite a las denuncias planteadas por el sector sindical.
¿Qué lo originó? Despidos en maquilas y agroexportadoras, el asesinato del sindicalista Pedro Zamora y amenazas de muerte contra sindicalistas.
1 El país podría recibir sanción económica establecida en el TLC de hasta US$15 millones, para que los reinvierta en políticas laborales.
2 El embajador en Washington D. C., Julio Ligorría, advirtió esta semana de que peligran las ventas a EE. UU., por el incumplimiento.
3 El sector exportador señala que la decisión crea mala imagen al país e impacta en todos los mercados externos.
4 Otra consecuencia sería la reducción en las ventas de productos nacionales, y generaría desempleo y migración.
Compromisos adquiridos
El plan de ejecución contempla compromisos adquiridos ante EE. UU., de los cuales queda pendiente la reforma al Código de Trabajo. A continuación, las acciones acordadas.
Intercambiar información entre los ministerios de Trabajo, Economía y la Superintendencia de Administración Tributaria.
Dar asistencia policial a los inspectores de trabajo para efectuar supervisiones, por medio de un acuerdo con Gobernación.
Asignar recursos al Ministerio de Trabajo para aplicar la capacidad de supervisión y seguimiento de denuncias.
Reformar el Código de Trabajo, para otorgar autoridad a la Inspección General de Trabajo y sancionar a empresas que incumplan leyes.
Regular plazos para dar trámite a denuncias y revisar las infracciones producto de las verificaciones a patronos.
Regular beneficios fiscales para las empresas que están bajo el decreto 29-89.
Revocar beneficios para las empresas que no cumplan con el derecho laboral establecido.
Crear procedimiento para confirmar los cierres de empresas, adoptando medidas para procurar el pago a los trabajadores.
El Ministerio de Trabajo debería publicar y aplicar criterios definidos en caso de sustitución del patrono.
Asegurar el cumplimiento de las órdenes de los juzgados de Trabajo y crear un sistema para fiscalizar el cumplimiento de órdenes.
Documentar de manera electrónica informes mensuales de cumplimiento de órdenes de juzgados de Trabajo.
Formular un programa para fiscalizar a los juzgados de Trabajo.
Proteger a los trabajadores que decidan formalizar sindicatos y promuevan la negociación colectiva.
Publicar estadísticas y datos sobre las visitas de inspección con el detalle de las infracciones confirmadas.
Vigilar avances en el plan de ejecución para fortalecer las medidas en materia laboral.
Aceptar acompañamiento de Estados Unidos para la implementación de las reformas necesarias para fortalecer las políticas de trabajo.
17 Compromisos
Fueron adquiridos ante Estados Unidos.
6 denuncias
Fueron planteadas en el 2008 por sindicalistas.
Análisis
Rechazan cambios
Diputados de diferentes bancadas rechazan la aprobación de las reformas al Código de Trabajo porque consideran que perjudicarían el sistema de justicia laboral, y afirmaron en la instancia de jefes de bloques que no están de acuerdo con la propuesta.
Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala, dijo que el tratado con EE. UU. pide fortalecer las inspectorías de Trabajo, pero las reformas las debilitan.
Agregó que hay aspectos que son inconstitucionales, ya que se pretende violar la independencia de poderes, porque las modificaciones permiten intervenir en decisiones del Organismo Judicial y de los juzgados.
Amílcar Pop, de Winaq, afirmó que la propuesta elimina la institucionalidad de la inspectoría laboral, “casi la elimina”, pese a que se ha demostrado que existe un 99.8 por ciento de impunidad, cuando los asuntos laborales se tratan de resolver en el Sistema Judicial.
El congresista aclaró en la instancia de jefes de bloques que la propuesta fue objeto de varios cambios. “Se tenían que fortalecer las inspectorías.
Eso es lo que se acordó con Estados Unidos cuando se firmó el tratado. Acá modificaron todo y ahora la normativa, en lugar de beneficiar al trabajador, lo perjudica. Eso no lo vamos a permitir”, advirtió.
También se opone Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien afirmó que la normativa no se ha consensuado y que las centrales sindicales se oponen porque los cambios perjudican.-Por Jessica Gramajo
