Presupuesto 2020: Por estas razones la propuesta no garantiza protección a la niñez

De aprobarse la propuesta de presupuesto del 2020, el Estado violaría la Convención de los Derechos del Niño.

La inversión pública en niñez y adolescencia estaría registrando un retroceso, lo cual violentaría su derecho al desarrollo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
La inversión pública en niñez y adolescencia estaría registrando un retroceso, lo cual violentaría su derecho al desarrollo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) refiere que “los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes, incluido el guatemalteco, adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.

Asimismo, la observación general  19 (OG19), sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos del niño, señala que los Estados no deben adoptar medidas regresivas de manera deliberada para afectar los derechos en mención; es decir, no deben permitir el deterioro del nivel actual de disfrute de los derechos de niños y adolescentes.

Aprobación

 

Ligado a lo anterior, debe tenerse en consideración que de aprobarse la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal del 2020 que el Ejecutivo entregó al Congreso, el Estado guatemalteco estaría violando la CDN, al contravenir lo dispuesto por la OG19, puesto que esa propuesta es regresiva, faltando a la garantía de hacer efectivos los derechos de los niños guatemaltecos.

En concreto, la inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA) estaría registrando un retroceso, al pasar de una asignación vigente —a julio del 2019— equivalente al 3.6% del PIB a un monto sugerido para el ejercicio fiscal del 2020 de 3.4% del PIB.

Este último porcentaje es en exceso optimista, pues supone una ejecución presupuestaria del 100%, lo que es poco probable de cara al primer año del gobierno que asumirá en el 2020. En un escenario que considera una ejecución más realista, por ejemplo de un 90.0%, la IPNA retrocedería hasta los niveles observados en el 2016, cuando fue del 3.0% del PIB.

Al estudiar el proyecto de presupuesto del 2020, este retroceso se traducirá en la disminución de la provisión de bienes y servicios públicos que protegen los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos.

El Ministerio de Educación, pese a contar con un aumento global de Q723.3 para el 2020, relacionado con la matriculación de niñas y niños en el nivel primario, pretende atender 25,500 estudiantes menos, en comparación con la meta vigente de 2019; asimismo, en el caso del nivel básico se sugiere una disminución de Q142.2 millones, lo cual se traducirá en 20,788 alumnos menos.

 Mortalidad

 

En el Ministerio de Salud, en términos financieros se propone un alza global de Q105.3 millones en prevención de mortalidad y desnutrición, sin embargo, a lo interno de dicho programa existen reducciones en aproximadamente Q15.9 millones, con una asignación menor para la dotación de vacunas, en tanto que en términos de metas físicas esto representa una disminución de 226.4 mil vacunas en niños menores de 1 año, para lo cual, tomando como referencia la proyección de población 2020  muestra coberturas cercanas o superiores al 90.0% en el caso de rotavirus; BCG; antipolio; pentavalente y antineumocócica, e inferiores a 70.0% en el caso de hepatitis B e influenza estacional.

El proyecto de presupuesto para el 2020, tal y como ha sido presentado por el gobierno actual, es un presupuesto que no garantiza derechos ―en especial los de las niñas, niños y adolescentes―, disminuye la ya insuficiente producción de bienes y servicios públicos y, consecuentemente, aumentará el descontento social.

Además, podría resultar insuficiente para atender adecuadamente al sector salud, la reducción de la pobreza y la cobertura educativa; y con ello se estaría impidiendo avances significativos en el cumplimiento de la agenda de Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS).

Mejorar calidad

 

De tal cuenta, resulta urgente que los diputados propongan cambios que permitan mejorar la calidad del proyecto de presupuesto, entre ellas, aumentar las inversiones y las metas destinadas a la protección de la niñez y adolescencia.

También se recomienda que la sociedad civil organizada y la ciudadanía continúen realizando demandas alrededor de la transparencia, la calidad del gasto público y la recaudación, incluyendo la suficiencia de ingresos tributarios capaces de desarrollar políticas sociales universales en la agenda del nuevo gobierno, con lo cual merece la pena dar inicio al debate nacional sobre una reforma fiscal integral, que permita gestar los cambios hacia un futuro de desarrollo nacional.

*El autor es Economista senior, Coordinador de Gestión pública para el Desarrollo. Instituto centroamericano de estudios fiscales (Icefi)

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