Según el funcionario, para ese organismo es importante que no se den exoneraciones a personas o entidades que tienen adeudos tributarios con la SAT, o procesos tanto penales  como económico-coactivos o  administrativos.

Solórzano  no dio datos acerca de cuántas exoneraciones y a qué contribuyentes o montos ha otorgado el presidente Jimmy Morales, pero indicó que la Secretaría General de la Presidencia y el propio mandatario “han buscado tener algunos parámetros”, y uno de esos es “no dar este tipo de beneficio de exoneración a ninguna persona que está siendo perseguida penalmente, que está siendo investigada por temas de defraudación tributaria”.

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Para la SAT, dijo el superintendente, este es el parámetro más importante y que de los pocos casos que, según él conoce, el presidente ha denegado esas solicitudes cuando los contribuyentes están en situaciones como las mencionadas.

Solórzano recomienda que inclusive no se brinde ese beneficio cuando existen procesos económico-coactivos, ya que a la SAT “le ha llevado años estar cobrándole a estas personas… y han hecho incurrir a la SAT en muchos gastos en la tramitación de estos procesos”.

El funcionario defendió la postura de Morales, a la que calificó como una medida “bastante transparente”.

Argumentó que a la SAT no la han impactado  esas decisiones, porque “a los grandes casos de defraudación no se les ha dado este beneficio”.

Esta semana se conoció que el presidente Morales ha concedido 216 exoneraciones.

Se ha cuestionado que Aceros de Guatemala, investigada y señalada por defraudación tributaria millonaria, había anunciado que pediría exoneración de multas e intereses, pero posteriormente se indicó que no haría tal solicitud.

La otra duda es que el restaurante Fulanos y Menganos, caso en el que están relacionados el hermano y el hijo del mandatario, también pediría exoneración y si Morales la concedería.