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Los requerimientos se presentaron desde el 23 de febrero del 2017 —cuando entró en vigor la normativa— al 2 de agosto del 2018, luego de que la Corte de Constitucionalidad suspendiera   temporalmente la vigencia de esa herramienta.

Abel Cruz Calderón, jefe de la SAT, expuso que las solicitudes fueron requeridas porque existía duda razonable de los contribuyentes, y se llevaron a cabo los procesos.

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Añadió que otro número de expedientes que se encontraba en proceso de gestión en los juzgados especializados en materia tributaria quedará bajo resguardo, cuando se traslade la documentación de los bancos.

Cruz Calderón añadió que se mantendrán las medidas de fiscalización a los contribuyentes por medio de las auditorías.

Medida impactará

Tanto el exsuperintendente Francisco Solórzano Foppa como el consultor fiscal Juan Carlos Paredes coincidieron en que la suspensión temporal de la medida impactará en los programas de fiscalización y será ahí donde se reflejará el impacto en la recaudación para este ejercicio.

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Los técnicos afirmaron que se dejó “sin dientes” al ente recaudador, ya que existían varios ajustes de controles pendientes de profundizar las fiscalizaciones. 

La meta de cobranza por la intendencia de Fiscalización es  de Q400 millones para este año.

¿Qué es? 

Las reformas al decreto 6-91  del Código Tributario, aprobadas en el 2016, indican que la SAT podrá requerir información bancaria y financiera a las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, entre otras, aplicable en los casos que exista duda razonable en torno a actividades  que ameriten un proceso de investigación —información con propósitos tributarios—.

Resolución 

El pasado viernes 3 de agosto la Corte de Constitucionalidad resolvió que el ente recaudador ya no podrá acceder a la información bancaria de manera directa de los contribuyentes, luego de que se decretara la suspensión provisional del artículo 30 “C” del decreto 6-91 del Código Tributario.

La acción de inconstituionalidad fue interpuesta por la entidad Escala Mercantiles Innovadoras y en los próximos 15 días se llevará a cabo la audiencia a las partes. 

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