La mayoría, 227, se emitió por cierre temporal de negocios, por no brindar facturas o no poseer libros contables; aparte se emitieron 19 sentencias en el el ramo económico-coactivo, en ambos casos favorables a la SAT.

Sentencias en el ramo contencioso-administrativo fueron 37 a favor de la SAT, 12 en contra y 7 parciales. Además de las 157 sentencias por inconstitucionalidades, la CC emitió 91 a favor de la SAT y 62 en contra.

Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo que este tipo de informes ayuda a la transparencia en la SAT, pero que los esfuerzos de fiscalización y supervisión, y de crear en el contribuyente la percepción de riesgo son pequeños.

Uno de los indicadores internacionales para medir el grado de riesgo de una administración tributaria es cuánto se logra recuperar en juicios y en ajustes por fiscalización, pero en Guatemala ese dato no llega ni al 1%, explicó Medina. “Eso significa que el cumplimiento de los guatemaltecos sigue siendo primariamente voluntario”, agregó.

Comentó que las sentencias logradas no son contra los más grandes evasores y donde se logren castigos drásticos, pero señaló que la emisión de sentencias no solo depende de la SAT, sino que también del Organismo Judicial.

Recordó que a la SAT le hace falta acceso a información bancaria, y en otras ocasiones, las pruebas no son sólidas.