La decisión de extender a las empresas privadas la exoneración de multas, intereses y otros recargos por la deuda que mantienen con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) promete acabar con el calvario de miles de afiliados que durante una emergencia o una suspensión se dan cuenta de que no pueden ser atendidos.

La decisión comunicada ayer por autoridades del Seguro Social refiere que la medida se aplicará a 16 mil 850 empresas que adeudan Q846.1 millones.

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La exoneración consiste en el 100% de recargos por mora, gastos administrativos, intereses por financiamiento, interés resarcitorio, costas procesales e interés legal, afirmó ayer Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del IGSS.

“La decisión no incluye las cuotas por contribución patronal y laboral; por lo tanto, estas deben ser canceladas. El pago de la deuda pueden hacerlo en un solo pago o a plazos de hasta 60 meses a través de un convenio”, explicó Contreras.

El monto que adeudan las empresas privadas se suman a los Q226.2 millones de 53 entidades descentralizadas no empresariales y a los Q613.8 millones de las 280 municipalidades, además de Q17.6 millones de la administración central.

La deuda suma Q1 mil 703.87 millones.

Igualdad para todos

Jaime Matus, directivo de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios (Cecoms), expresó que es importante que haya igualdad para todos.

“Lo vemos con buenos ojos. El sector empresarial depende de factores económicos que tienen incertidumbre en sus ingresos. No sabemos las causas por las que algunos pudieran deber al IGSS, pero es una buena oportunidad para ponerse al día”, expresó Matus.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, comentó que la exoneración es un incentivo para que las empresas se acerquen a cancelar su deuda y agregó que los recursos que logren captar deben ser orientados en mejorar los servicios para los afiliados e infraestructura de los hospitales.

La semana pasada, el Gobierno anunció la exoneración a las municipalidades.

El sector privado organizado adeuda al IGSS el 49.66%, seguido de las municipalidades con 36%, entidades descentralizadas empresariales 13.2% y la administración central 1%.