Analistas y ejecutivos se refirieron de esa manera a la reciente aprobación en El Salvador de un impuesto específico para la seguridad.

Francisco Quezada, analista en seguridad del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, comentó que antes de imponer tributos se debe definir un plan estratégico que integre a todas las instituciones relacionadas con la seguridad.

Con base en el plan, las instituciones definirán su rol específico, presupuesto y metas de cumplimiento.

Para Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, un impuesto directo no garantiza que habrá una mayor recaudación derivada del gravamen.

Zepeda explicó que debería existir un plan nacional en donde diversos actores analicen el tema de seguridad con una visión de largo plazo.

El ejecutivo agregó que hay muchas formas de obtener recursos, pero se debe hacer una revisión “muy profunda” en temas de contrabando, evasión, corrupción y pactos colectivos antes de pensar en un impuesto específico, que al final, lo pagaría toda la población.

Según Édgar Balcells, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, para atender las necesidades en seguridad lo que se necesita es fortalecer tributos directos como IUSI, ISR, impuesto de herencias y el de dividendos, entre otros.

Carlos González, investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), también reconoció la necesidad de más recursos para seguridad.

Subrayó que la solución no es hacer “cajoncitos de un impuesto A para cumplir con un gasto B”, porque, de esa manera, “nos llenaríamos de impuestos específicos”.

En su opinión, se debe fortalecer la tributación mediante la convocatoria a un nuevo pacto fiscal, para que en forma integral se analice todo el sistema tributario.

En general, todos opinaron que el nuevo Gobierno tiene como principal misión devolver la confianza tributaria.