Ahora la protesta gradualmente comienza a combinarse con propuesta y con mucha auditoría social. Así debe ser y así debe continuar. La estrategia de hacer las concesiones políticas mínimas necesarias para mantener a flote esta decadente administración hasta enero del 2016 —o cuando menos hasta septiembre del 2015— no aplica.

Dos hechos así lo confirman. Primero, el fallido intento del presidente de conformar una comisión de tecnócratas notables para conducir un proceso de reforma de la SAT, y segundo, la oposición y suspicacia que despertó la terna para candidatos a la Vicepresidencia, tanto en su versión original como modificada a última hora. Todas personas del régimen, que no dan garantía alguna de poder cumplir una función fundamental en los meses por venir.

¿Por qué digo función fundamental? Porque la ciudadanía comienza cada vez más a construir en su imaginario una ruta crítica con básicamente dos escenarios.

Por un lado, está el escenario en que se preservan las reglas actuales del juego y se designa un vicepresidente, para luego pedir la renuncia del presidente, e inmediatamente después ir detrás de una reingeniería profunda al sistema político e instituciones claves.

Si tal cosa se cumple, con la designación del vicepresidente de facto estamos ante la elección de una persona que deberá asumir interinamente la conducción del Ejecutivo.

Por el otro, está un escenario de cambio más radical e inmediato, que aprovecha el momentum, exige directamente la renuncia del presidente, pero además la suspensión de las elecciones, la conformación de un gobierno provisional integrado por personas honorables, y la implementación de una reforma del Estado.

Ambos escenarios convergen en dos cosas: a) necesidad de reformas de fondo con mucho diálogo social, b) actores con real capacidad de liderar la transición, y no solamente llevar a término una administración colapsada en tanto llega la siguiente.

Cualquiera sea la ruta que finalmente adoptemos, dentro del grupo de reformas una agenda mínima comienza a tomar forma. 1) restructuración por la que debe pasar la SAT para evitar que más recursos públicos sigan desviándose a través de redes de defraudación fiscal; 2) juicio contra personas individuales y jurídicas que defraudaron al fisco; 3) cambios a la ley de partidos políticos, para que transparenten las fuentes de financiamiento, a la vez que se creen los mecanismos para una competencia más equitativa entre diferentes organizaciones; 4) modificaciones al sistema de elección de diputados para que, entre otras cosas, se ponga límite al número de reelecciones y se elimine el mecanismo de elección por listados.

Probablemente, una vez superada esta primera etapa de protesta y agenda mínima, el paso inmediato deberá ser llamar a una asamblea nacional constituyente, que permita concluir todo el proceso con una refundación del contrato social que los guatemaltecos queremos para las siguientes décadas.

Así, el coctel para encauzar esta crisis se compone de tres ingredientes básicos: primero, durante las semanas y meses por venir, mucha, muchísima movilización y protesta, pacífica, pero sostenida, combinada con un ejercicio de identificación de liderazgos honorables; segundo, permanente auditoría social de las acciones de los tres poderes del Estado, ejercida en redes sociales, plazas y foros, pero también desde dentro de las instituciones, con el concurso de la burocracia que apoya el cambio; y tercero, mucha capacidad de propuesta para impulsar aquellas reformas que ya han sido identificadas como los principales cuellos de botella para el saneamiento de nuestro sistema político.

¡Eso sí, hay que estar muy vigilantes y dispuestos a salir a la calle en cualquier momento!