Los ponentes de la iniciativa de cinco artículos son cuatro diputados de la Bancada Semilla y busca principalmente, prohibir durante 10 años la autorización o prórroga de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minería metálica en territorio guatemalteco. Así como la suspensión de licencias para una extensión mayor a 5 kilómetros cuadrados.
Luego de ese plazo, las empresas estarían sujetas al cumplimiento de las condiciones vertidas en el articulado de dicha iniciativa y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) podría reactivar el otorgamiento de licencias y autorizar operaciones, cuya producción derivada de las mismas, tendrían que pagar el 51% de regalías, de las cuales se destinaría un 40% al Estado y 11% a las municipalidades.
Entre los argumentos que respaldan tal propuesta está la necesidad de fortalecer a las instituciones que tienen la autoridad para la evaluación de factibilidad y de supervisión de las operaciones mineras. Hasta ahora, ante la falta de capacidad de personal técnico y recursos para llevar a cabo esa labor, se basan únicamente en confiar en lo que las compañías les dicen. De ahí la necesidad de incrementar las regalías que representan actualmente solo 0.3% de los ingresos fiscales.
“La iniciativa busca establecer un periodo de discusión para actualizar la realidad relacionada con la explotación de la minería metálica en Guatemala, la cual significa un 10% de la explotación total de recursos en el país, pero que genera un impacto importante en materia socioambiental a cambio de un irrisorio ingreso para el Estado”, explica el diputado Román Castellanos, uno de los ponentes.
Por origen de producción, en total (metales y otro tipo de recursos mineros), el sector de Explotación de Minas y Canteras aportó al Producto Interno Bruto (PIB), Q8,905.9 millones en 2015 y Q8,098.4 millones en 2016; mientras que en 2020, la suma fue de Q3,987.8 millones y en el 2021, registró Q3,262.5 millones, según registros del Banco de Guatemala (Banguat).
Por aparte, al pronunciarse sobre las implicaciones que conllevaría la aprobación de la iniciativa en cuestión, la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat), asegura que, en el 2016, la minería facturó cerca de Q10,000 millones.
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“La minería en esos años fue reconocida como el segundo sector con mayor atracción de inversión extranjera directa en el país, con casi US$2 mil millones en ingresos. Ese avance se desaceleró a causa de varios fallos judiciales y cierre de proyectos, pero el potencial de la industria minera de Guatemala puede llegar a representar un 5% del PIB en el mediano plazo y, más de 80 mil empleos directos e indirectos, ubicados principalmente en las áreas rurales del país”, expone Valery Zurita, directora ejecutiva de la Grenat.
El sentir de la gremial es avalado por las empresas CGN y PRONICO, que operan en el departamento de Izabal. “Este tipo de iniciativas desincentiva el desarrollo del sector y de la economía en el país. En años anteriores, la minería fue uno de los sectores líderes en la atracción de inversión extranjera; además, es un polo de desarrollo para regiones del país que, en muchas ocasiones, por la distancia, se ven con grandes retos y necesidades, siendo la minería fuente de empleo directo, digno y bien remunerado en la cadena de valor”, acuerpa David Orellana gerente de Relaciones Públicas de la compañía minera.
Lo que se percibe
Otro de los argumentos que dieron origen a la iniciativa, es que hasta ahora, las comunidades donde han operado proyectos mineros no son más prósperos. Muestra de ello es la experiencia del extinto proyecto de la compañía Montana Exploradora en San Marcos.
“El Estado no tiene protocolos de cierre. En San Marcos, aún están los depósitos de la Mina Marlin, con residuos que contienen químicos, lo cual es un riesgo ambiental y para la población. No porque al Estado le quede más dinero, se reduce el impacto ambiental”, agrega Castellanos.
Según la Dirección General de Minería del MEM, actualmente hay 11 proyectos de exploración minera de metales autorizadas en el país, para un área total de 289.1719 kilómetros cuadrados. Y un total de 31 licencias de explotación autorizadas, de las cuales 7 están en trámite de caducidad, una en extinción y 4 suspendidas (Progreso VII Derivada; Santa Elena; Cantera Los Manantiales y, Escobal. En total, hay 19 activas.
Con la operación de 10 de ellas, se generan alrededor de 961 empleos directos y 1 mil 702 indirectos, más 176 directos de Escobal y 9 de Progreso VII Derivada, la que también reporta 5 indirectos.
Los retos de la propuesta
Para la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), de aprobarse esta iniciativa tal cual, estaría violando tratados de inversión bilaterales que están vigentes, incluyendo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) con Estados Unidos.
De igual manera, asegura que impactaría en las inversiones que hay en el sector, así como de las futuras que, de acuerdo con datos del MEM, podrían alcanzar los US$3 mil 800 millones, siendo la industria minera uno de los pocos sectores que podría crecer en el corto plazo, hasta un 5% del PIB.
“La protección medioambiental es un tema que nos concierne a todos y por ello, es fundamental la creación de políticas y prácticas que promuevan la sostenibilidad y el manejo adecuado de deshechos. Proponer la moratoria a las licencias de minería es una iniciativa muy nociva para Guatemala, pues elimina las posibilidades de atraer inversión.
Es importante que las propuestas de ley se enfoquen en la sostenibilidad de las actividades productivas, como la minería, y no en su cancelación” comenta Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham Guatemala.
A decir del diputado Castellanos, la moratoria es para tomar el espacio y discutir el futuro de la actividad minera de metales. “La iniciativa no pretende el cierre de la minería metálica sino dejar claras las condiciones en las cuales se puede permitir la operación de cada proyecto.
La realidad es que, como están las cosas actualmente es un pierde-pierde para el país, con la explotación de un bien público. Es un saqueo sistemático de los bienes naturales, de la que nadie asume responsabilidad”.
Y aunque la finalidad, según dice, no es el cierre de la minería, en el segundo párrafo del inciso “c” del artículo 2, se hace ver que “De no cumplirse con cualquiera de las condiciones… al término de la moratoria, esta será prorrogada por tiempo indefinido, sin ningún tipo de declaratoria…”
Un cierre de operaciones de las compañías activas, como el caso de CGN y PRONICO, además de la inversión y los empleos que genera, vendría a comprometer proyectos de inversión social que realiza esa industria en las comunidades circunvecinas al área de influencia de la extracción. “Conocemos que los comunitarios se han organizado y han recolectado más de 3,000 firmas para mostrar su postura contraria a la iniciativa, ya que es perjudicial para ellos también”, hace ver Orellana, de CGN PRONICO.
Según datos que comparte, se estarían poniendo en riesgo más de 2 mil empleos directos y alrededor de unos 4 mil indirectos.
“Es preciso conocer el aporte real que la minería deja a la economía del país. Es algo importante ante cualquier iniciativa de ley como ésta, que desincentiva la inversión extranjera en Guatemala, afectando el desarrollo económico, agrega Zurita, de la Grenat.
Agrega que, como parte del desarrollo de Guatemala, la contribución de la minería va más allá del 1% de las regalías que estipula la ley de minería. “Adicionalmente cumple con el pago de tributos como el impuesto sobre la renta (ISR), al valor agregado (IVA), entre otros, llegando a tener una tasa efectiva alrededor del 54%”.
Por lo pronto, el proyecto de ley se encuentra en la Dirección Legislativa, a la espera de ser conocido por el Pleno del Legislativo, luego de lo cual y previo dictamen favorable, será discutida para su eventual aprobación o improbación.
