Álvaro Ramazzini, obispo de la Diócesis de San Marcos, expresó que el Gobierno no tiene que iniciar su mandato quebrantando las leyes. “Debe haber una revisión de estas y establecer nuevos parámetros donde se respeten la vida y los recursos naturales”, dijo.

Raúl Mass, director del Observatorio Ambiental, señaló que la regalía voluntaria es un paliativo para tratar de quitarle la carga negativa a la actividad minera.

“Al final el oro se va, la empresa se va, y desconocemos cómo quedarán las áreas impactadas por la extracción, porque en el estudio de impacto ambiental todo está arreglado”, refirió.

Además, los ecologistas criticaron la ausencia de su sector en las negociaciones. “Eso solo justifica la desconfianza, porque se realiza a espaldas de la población”, afirmó Rafael Maldonado, coordinador del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas).

Roberto Villate, diputado del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), expuso que las regalías no pueden quedar “en libre albedrío”, sino que por ley se debe determinar cuánto se debe pagar.

Afirmó que su bancada presentará una iniciativa de ley para incrementar las regalías del 1% actual a 20%, lo que se distribuiría en 1% para las municipalidades de los territorios utilizados, 9% para prevenir el cambio climático, 5% para atender daños generados por los desastres naturales y otro 5% para el mantenimiento de la red vial.

El director ejecutivo de Gold Corp Guatemala, Mario Marroquín, aseguró que el incremento de las regalías se abordó de manera técnica, al considerar lo que se paga en otros países.

Criticó que las organizaciones sociales estén en contra y aseguró que se convinieron regalías más altas que las establecidas por la comisión de alto nivel, en donde se acordó 1% por la extracción de cobre, 2% por la plata y 3% por el oro.

“Nosotros acordamos dar regalías al Estado de 3% por cobre, 4% por plata y 5% en el oro”, dijo Marroquín.

El ministro de Energía y Minas, Érick Archila, afirmó: “Si lo quieren cambiar, que modifiquen la ley, y nosotros como ente estatal lo cumpliremos”.

Obispo pide moratoria

Ramazzini expuso que el Estado debe establecer una moratoria de 20 años en las concesiones de exploración y explotación minera, para medir el impacto ambiental que se ha generado.

“El presidente —Otto Pérez— debe escuchar a las comunidades y a los ambientalistas y parar la explotación minera… no se tiene que dejar apantallar por el brillo del oro”, expresó.

Ramazzini agregó: “El presidente, con la inteligencia que tiene, debe escuchar a las comunidades y hacer un diálogo efectivo en torno a la explotación minera, y no rebajarse a una negociación con una empresa transnacional”.