Argumentando independencia judicial, en el memorial los magistrados exponen “las motivaciones jurídicas y doctrina legal, nacional e internacional y estándares internacionales que protegen la independencia judicial”.
El documento fue presentado en la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia, Gestión Penal y en el Juzgado Undécimo para que se declare sin lugar el antejuicio promovido por el Congreso de la República.
El pasado 24 de julio, la Comisión Permanente del Congreso, presidida por el diputado Álvaro Arzú Escobar, interpuso una querella penal contra los magistrados de la CC Gloria Patricia Porras Escobar, Bonerge Amilcar Mejía Orellana y José Francisco De Matta Vela.
En un comunicado firmado por los tres magistrados, rechazaron la “persecución penal” impulsada por los siete diputados que integran la Comisión Permanente y rechazaron la querella peal presentada contra ellos, indicando que “es ilegal e ilegítima y atenta contra la independencia judicial”.
Los magistrados Bonerge Amílcar Mejía Orellana, José Francisco De Mata Vela y Gloria Patricia Porras Escobar. pic.twitter.com/RWIFAzYacC
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 2, 2019
Asimismo, citaron el artículo 167 de la Ley de Amparo el cual dice que “los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”.
El argumento de la Comisión es que la CC se extralimitó en sus funciones al otorgar un amparo sobre una ley que no ha sido aprobada, vedando el derecho de legislar a los diputados.
Una semana antes, la CC otorgó un amparo provisional para que el Organismo Legislativo suspenda el proceso de aprobación de la iniciativa de ley 5377, que busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional y que el Congreso insiste en conocer para la aprobación en su tercera lectura y redacción final.
Los magistrados Porras, Mejía y De Matta votaron a favor de otorgar el amparo.
Esta propuesta de ley es impulsada por la bancada oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN) y, de ser aprobadas, darían amnistía total a las personas condenadas y señaladas por crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).
