Esta iniciativa es promovida por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG) y la coordinadora de equipos técnicos de la Secretaría de Bienestar Social.

Esmeralda Monterroso, del ICCPG, informó que en la actualidad se cuenta con una serie de normas internacionales y nacionales que dan vida a la nueva doctrina de protección integral, que establece un nuevo modelo de justicia juvenil.

Añadió que esta normativa contempla principios, derechos y garantías de observancia obligatoria que deben estar a cargo de operadores de justicia, así como un sistema de sanciones orientado por el principio sociopedagógico.

Monterroso resaltó que este nuevo modelo limita la discrecionalidad del sistema de justicia y el abuso del poder penal en la aplicación de la leyes, y el uso de un sistema de sanciones estrictamente punitivas para los jóvenes o adolescentes.

Jorge Camey, coordinador de los equipos técnicos de la Secretaría de Bienestar Social, comentó que se abrieron direcciones departamentales de bienestar social en 13 departamentos, en las que laboran profesionales para promover este protocolo.