Para las autoridades los responsables son los llamados “narcoganaderos”.

“Hay presencia del narcotráfico, que cada día, en su afán por abarcar más áreas no le importa el hecho de echarle fuego al bosque o pagar a gente pobre para que lo haga”, asegura Alma Polanco, directora del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) en Petén, departamento donde se encuentra la reserva.

De los peores

El cálculo oficial es que arrasan con vastas áreas para construir pistas de aterrizaje clandestinas para el trasiego de droga.

Todo esto en medio de una superficie protegida de 21 mil 600 kilómetros cuadrados de bosques, uno de los principales pulmones ambientales de la región.

“Desde fines de los 90 ha sido una de las temporadas de incendios más críticas”, le dice a BBC Mundo Luis Romero, director de protección ambiental de Wildlife Conservation Society, (Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre) en Guatemala.

Los incendios, que el año pasado apenas fueron 12, han llegado a estar a apenas dos kilómetros del sitio arqueológico maya de Tikal.

La zona, con flora y fauna única en el mundo, con escasos recursos para su cuidado y protección, vive asediada por diferentes ilícitos, desde la tala ilegal, la caza furtiva, el tráfico de drogas y los incendios forestales.

La reserva, con áreas sólo accesibles a pie y un ancho de entre 120 y 150 kilómetros, es un lugar vulnerable.

“Es casi imposible que uno pueda detectar esto”, le dice a BBC Mundo Adolfo Cifuentes, Director Nacional del Sistema de Prevención y Control de Incendios Forestales (Sipecif).

“La comunidad les hace el trabajo sucio”

Aunque no tiene cifras precisas, Aura Marina López estima que son unos 20 los “narcoganaderos” en la zona de la reserva.

“La comunidad les hace el trabajo sucio y ellos llegan cuando está todo limpio”, explica la fiscal de delitos contra el Medio Ambiente del Ministerio Público en entrevista con BBC Mundo.

Pobladores locales, por lo general en la pobreza, actúan de brazo ejecutor de los narcotraficantes en el terreno y los asisten en diversas actividades, aunque la confirmación oficial es esquiva.

“No hay comprobación de que trabajan para estas grandes familias, gente con grandes extensiones de tierra, latifundistas. Ellos son los 'narcoganaderos'”, explica Chiguichón, de la Fiscalía contra la Narcoactividad en el departamento del Petén.

Les dan trabajo a los pobladores en las áreas invadidas, como guardaespaldas y sicarios y en tareas menos azarosas como cuidar el ganado o muchas veces los amenazan y los obligan a cumplir con esas tareas a riesgo de perder la vida.

Suelen invadir una zona alejada del bosque, se apropian del terreno y allí queman la tierra con diversos fines.

Esta deforestación forzada les permite la cría de ganado ilegal y habilitar un terreno para la construcción de pistas de aterrizaje para traficar drogas.

Luego lo comercializan a un “narcoganadero” para que críe allí ganado de forma ilegal y utilice la pista.

Estos incendios son los que se han descontrolado en los últimos meses causando la destrucción de miles de hectáreas.

Pero no son los únicos.

La negligencia en la práctica de la agricultura itinerante, conocida en Guatemala como agricultura de roza, tumba y quema, ha contribuido a esta letal temporada de incendios.

Los agricultores en esta zona con densa vegetación queman la tierra pero no toman medidas de precaución como la construcción de cortafuegos, señala Cifuentes, y explica que también hay responsabilidad de los cazadores furtivos que prenden fuegos de forma circular para encerrar a sus presas.

Delitos en ascenso

La zona de Petén ha sido usada desde hace tiempo como corredor del narcotráfico.

Los carteles mexicanos, con el de Sinaloa a la cabeza, han penetrado territorio guatemalteco donde se asisten de criminales locales para traficar y también realizan apropiaciones ilegales de terreno y operaciones de lavado de dinero.

El 80% de la cocaína que cada año llega a Estados Unidos atraviesa Centroamérica, de acuerdo al Departamento de Estado de ese país.

Y aunque la mayor parte se mueve a través del Océano Pacífico, las autoridades registran actividad del narco en “puntos ciegos” de la frontera de Guatemala con México y Belice.

Esta actividad ha incrementado en los últimos años los delitos contra el medio ambiente en la región.

Sólo en el departamento de Petén, fronterizo con México y Guatemala, hay 1.800 investigaciones en cursos por este tipo de acciones y en lo que se va de este año ya se alcanzó el número de averiguaciones del anterior.

La última vez que la fiscal López sobrevoló la Reserva de la Biósfera Maya en busca de pistas clandestinas divisó tres. Nunca había visto tantas en un solo vuelo.

Dificultades

En el terreno, el combate a estas actividades no es sencillo.

En aras de no exacerbar la conflictividad social, el protocolo para desalojar a quienes arrasan, invaden y cuidan de estas tierras para los narcotraficantes es complicado de aplicar, se lamenta López.

“Ordena que las autoridades deben ir desarmadas pero entonces ellos sí están armados se pone en riesgo la vida de los agentes y los fiscales”, explica.

Cuando el ejército ha intentado destruir las pistas, se ha visto enfrentado por las comunidades locales que incluso han llegado a retener a integrantes de las fuerzas del orden y los narcotraficantes a veces ni siquiera recurren a las pistas pues dejan caer paquetes con drogas en lagunas de la reserva.

“Existe un alto grado de ingobernabilidad en la zona”, sentencia Romero.

“No va a quedar nada de la reserva”

La fiscal López se queja de que las autoridades no se toman en serio el asunto.

El gobierno declaró la semana pasada el estado de calamidad por 30 días en Petén para asignar mayores recursos, recibir apoyo internacional y limitar el acceso a las zonas afectadas pero luego fue rechazado por el Congreso con el argumento de que las lluvias ya habían hecho el trabajo de apagar los incendios.

Y aunque el presidente Jimmy Morales publicó en su Twitter: “Ha llegado el momento de despertar. Se nos quema Petén”, López considera que en el país “no hay conciencia ambiental ni voluntad política” para combatir al crimen en áreas protegidas.

“Los de la Conap son muy miedosos, y como no hay intención del gobierno de controlar estas partes de forma seria, entonces hay pocos elementos del Ejército en la zona para controlar los ilícitos”.

“Si no lo paramos en unos años ya no va a quedar nada de la reserva”, advierte Polanco.