César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), compartió con Prensa Libre los motivos por los cuales se reabrieron procesos por violaciones a los derechos humanos.

¿Cómo se toma la decisión de reabrir los casos Jorge Carpio Nicolle, Panel Blanca, niños de la calle y Efraín Bámaca?

Recientemente tuve la oportunidad de asistir a Washington a una actividad de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde nos encontramos de nuevo con los señalamientos de la comunidad internacional de que Guatemala continúa incumpliendo sus obligaciones contenidas en los acuerdos internacionales y mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente por el incumplimiento de las sentencias contra el Estado que declaran que las investigaciones no son objetivas.

En la Cámara Penal analizamos las responsabilidades del Estado y determinamos que no se puede oponer ninguna legislación interna, porque ya fueron hechos juzgados o que podría haber doble juzgamiento, entre otros.

Pensamos que con esto contribuimos a que se esclarezca la verdad. No es una persecución indebida ni venganza. Los guatemaltecos debemos entender que hay un orden internacional diseñado para servir a los seres humanos y que Guatemala no puede estar fuera de ese esfuerzo de la civilización.

Pero hay sentencias de la CIDH de hace más de cinco años. ¿Qué hizo que los magistrados anteriores no tomaran la decisión?

Es posible que haya habido diferencia de criterios entre ellos, porque pudo existir la duda de si se podía reabrir un caso ya juzgado. El Estado está sometido, antes de las leyes, a la obligación de dar justicia a sus ciudadanos y un orden de paz y legalidad. Lo que facilitó el análisis en la Cámara es el interés común de trabajar verdaderamente por la justicia en Guatemala, y eso no se puede hacer si se siguen violando los derechos humanos, lo que incluye incumplir con una sentencia internacional.

¿Cómo quedan vistos los jueces que tuvieron a su cargo estos procesos?

En el pasado Guatemala no contaba con los mecanismos de una investigación adecuada; no existía un MP que cumpliera con las investigaciones; eso correspondía a los jueces, lo que hacía que fueran parte del proceso. Todo ello en un ambiente de tensión y presión tan cercano al cese de la violencia y la firma de la paz en el país influía en las resoluciones. Ahora debemos luchar para que existan esas herramientas, y en la Cámara estamos dispuestos a trabajar bajo la fiscalización ciudadana y de las leyes, para luchar contra la impunidad.

Hay casos que fueron juzgados con el sistema anterior. ¿Qué espera que suceda con estos?

El fin del proceso penal es la averiguación de la verdad, por lo que se espera que los responsables sean sancionados, a pesar de que el tiempo podrá dificultar el trabajo para reconstruir esa verdad, y la esperanza de que luego de la justicia venga el perdón.

¿Qué acciones se verán?

Los jueces deberán citar a los imputados para tomar sus primeras declaraciones, y el Ministerio Público deberá reunir las pruebas necesarias para garantizar el nuevo proceso y presentar una acusación en su momento, después de la cual esperaríamos una resolución objetiva, ya que ni el Estado ni la CSJ ni el Ejército ni ninguna institución está presionando a los jueces para que resuelvan con imparcialidad e independencia y para que los casos concluyan con la época fatal para el país. El nuevo proceso penal debería demostrar que la resolución de los problemas es por medio del Derecho.

¿Qué mensaje deja esta decisión para el futuro?

Significa la experiencia para las nuevas generaciones, para que todos sepamos que el Estado y sus funcionarios están sometidos al Derecho y que nadie, por ningún motivo, puede evadir las reglas que garantizan la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Buscamos cerrar el pasado con justicia y abrir el futuro con justicia.